Los sueldos no hacen dieta. O si se pretende aplicarla, el régimen ideal es el del Congreso Nacional. El incremento de las remuneraciones en el Senado desnudó -una vez más- la disparidad de los ingresos en el sector público. La brecha es amplia y, muchas veces, desconectada de la realidad. No se discute que los “padres y madres de la Patria” (tal es el apelativo histórico del cargo) deban cobrar un salario por dedicación exclusiva. Pero, antes de disponer una suba exponencial, alguien tiene que hacer una lectura de la realidad, de un país que se ajustó desde el más indigente hasta el más pudiente, de un Gobierno que, más allá de despotricar contra la “casta política”, viene actualizando los precios de la economía, aunque el salario no lo hace al mismo ritmo que el resto (tarifas, combustibles, prepagas, medicamentos, entre otros).
Un Presidente de la Nación cobra cerca de $4 millones. Un poco más baja es la retribución de una vicepresidenta que, en el caso de Victoria Villarruel, ahora sostiene que le pondrá freno al aumento de la dieta de los senadores que quería ascender a los $9 millones. En la actualidad, en promedio, cobran entre $6 millones y $7 millones mensuales, un millón más que el ingreso mensual de un diputado nacional al que se le reconoce desarraigo.
En Tucumán hay una eterna discusión interna en el Poder Ejecutivo acerca de lo que gana un ministro. Según pudo establecerse, el salario de bolsillo ronda los $1,2 millones, que pueden ampliarse con el reconocimiento del título y de la antigüedad. Las quejas suelen escucharse cuando se hacen las liquidaciones. Hay directores que, con la antigüedad, pueden llegar a percibir salarios mayores que sus superiores. Ni hablar si se trata de un profesional del área de Economía, que puede ser beneficiado con el fondo estímulo. Varios ministros han pasado por la Legislatura y saben que en el edificio de Muñecas al 900 liquidan dietas en montos parecidos o un poco más que en el Poder Ejecutivo. Aquellos que dirigen organismos autárquicos tienen ingresos que pueden llegar a equiparar a los que se pagan en el Poder Judicial que, a su vez, duplican o triplican el promedio de un funcionario de la Casa de Gobierno. Cuentan que el gobernador Osvaldo Jaldo gana casi la mitad de lo que percibe, por ejemplo, el presidente Javier Milei. Todas son aproximaciones; las boletas no aparecen.
En medio de esa discusión sobre los salarios de los políticos hay un ajuste que se ha dado en materia de gastos de personal. En estos casi nueve meses de gestión, Jaldo ha aplicado el tijeretazo a los beneficios que se abonaban a través de programas o regímenes especiales. Sólo en el primer trimestre, de acuerdo con los datos oficiales, el nivel general de erogaciones se reajustó en torno de un 34%, lo que implicó un superávit financiero de unos $90.000 millones. En términos políticos, las autoridades lo denominan ahorro. En términos financieros se llama ajuste fiscal. En el lenguaje general y social es dinero para recomponer los salarios tras la abrupta actualización con la que arrancó el Gobierno nacional, en diciembre del año pasado.
Idea errada
La provincia abrió en cuatro oportunidades el debate salarial. Se rehusa a hablar de paritarias; simplemente las presenta como recomposiciones. El choque de argumentos se observó ayer mismo, cuando los ministros Daniel Abad (Economía y Producción) y Regino Amado (Gobierno y Justicia). Mientras los sindicalistas que representan a los empleados públicos señalaban que el piso del debate es el valor de la Canasta Básica Total, el límite de ingresos para que una familia tipo tucumana no caiga en la pobreza y que ascendió a $ 732.644 mensuales en julio último. Entre los negociadores del Ejecutivo creen que esa idea está errada, tomando en cuenta que el cálculo de la canasta se hace en base a un ingreso de ocho horas diarias o más, mientras que en la administración centralizada, la carga es de un promedio de cinco horas. Por caso, un empleado del escalafón general, con cinco años de antigüedad y título secundario, cobra en promedio mensual $457.000 con categoría 18, mientras que un trabajador de la categoría 21, con título secundario y 10 años de tarea cobra a razón de $507.000 de bolsillo, casi 18 veces menos que la dieta que quiere percibir un senador nacional. A su vez, un agente del escalafón de seguridad, con cinco años de desempeño, cobra $606.000 neto por mes, sin tomar en cuenta otros ítems. En tanto, un maestro de grado (181 puntos, con 25% de zona y 10 años de antigüedad) cobraba hasta el mes pasado $482.000 mensuales de bolsillo. En el área de Salud, a su vez, un enfermero profesional con una década de antigüedad puede recibir mensualmente cerca de $620.000, mientras que un médico asistente con los mismos años de servicio cobra de bolsillo unos 818.000, sin tomar en cuenta libre disponibilidad (horas extras), especialización y guardias, entre otros ítems. En el personal de la salud hay inquietud por el achatamiento de la pirámide salarial y por el lento cumplimiento de los reconocimientos dentro de la carrera sanitaria.
En las primeras conversaciones entre gremialistas y funcionarios provinciales surgió otra cuestión no menor: el incremento en el valor de las tarifas de los servicios públicos privatizados. Entre los negociadores hay cierta coincidencia respecto de la disminución del ritmo de los aumentos de precios en los alimentos, pero no en las boletas de los servicios, mucho menos en el valor del boleto del transporte público de pasajeros. Dentro del Palacio de Gobierno hay malestar por algunas declaraciones de los miembros de la comisión ejecutiva de la Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), que amenazan con dejar de prestar el servicio si no le suben el precio del pasaje. Más enojo causaron los dichos acerca de la gratuidad que los empresarios señalan que existe para el traslado de estudiantes y de jubilados. “Ninguno de ellos puede desconocer que la provincia le asiste con un subsidio de $ 2.000 millones que, sumado a las tarjetas de beneficios a dos sectores sensibles, implican casi la mitad de los costos operativos de las empresas. Gratis, nada”, vociferó un encumbrado miembro del Poder Ejecutivo al escuchar las declaraciones de los directivos de Aetat. La actualización de precios agobió a todos los agentes económicos y no a un sector en particular. La pregunta que la sociedad se hace es: ¿por qué los salarios no suben al mismo ritmo que lo hicieron las tarifas o lo que se pretende cobrar de boleto del colectivo? La respuesta está a la vista. No hay espalda financiera para mitigar tanto ajuste. El esfuerzo para sostener un país y mejorar su economía debe ser de todos, incluidos los senadores.
