La burocracia del IPLA ha crecido en forma desmesurada de la mano del alperovichista Dante Loza, que transformó al organismo en una “cueva de ñoquis”. Según el legislador libertario José Macome, el IPLA tiene 164 empleados que consumen el 90% de su presupuesto en sueldos millonarios, sin resultados visibles en la lucha contra el alcoholismo.
En el organismo cobran sueldo decenas de estrechos allegados al violador José Alperovich, que purga 16 años de cárcel en el penal de Ezeiza.
Loza y otras personas que hoy viven del IPLA son los mismos que acompañaban a Alperovich en el departamento de Puerto Madero las noches en que el ex gobernador violaba a su sobrina.
El legislador Macome, del partido La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que propone la disolución del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y la creación de un Registro Público de Expendedores de Bebidas Alcohólicas, bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud. Esta iniciativa busca implementar cambios significativos en la regulación de la venta de alcohol en la provincia, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el consumo indebido de estas bebidas y mejorar los controles sobre los comercios dedicados a esta actividad.
El proyecto establece que todos los comercios que vendan bebidas alcohólicas deberán inscribirse en el Registro Público, cuya inscripción será gratuita. Los requisitos para esta inscripción incluyen la presentación de documentación como la copia del DNI, un certificado de antecedentes penales y la condición ante la AFIP para personas físicas. Para las personas jurídicas, se solicitará el contrato social, el último balance anual y la elección de autoridades.
Macome enfatizó que esta medida busca garantizar un control más riguroso por parte del Estado sobre los comercios habilitados para la venta de alcohol. Aquellos que no cumplan con los requisitos enfrentarán severas sanciones, y los responsables de los locales, ya sean propietarios, gerentes o encargados, serán considerados responsables directos de cualquier infracción a la normativa.
El proyecto también introduce sanciones más duras para quienes violen las disposiciones de la ley. Las multas oscilarán entre 5 y 50 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), y se podrán aplicar clausuras temporales o definitivas a los locales infractores, además del decomiso de la mercadería en infracción. La reincidencia conllevará la clausura definitiva de todos los locales vinculados al infractor y su exclusión del registro.
Otra de las disposiciones clave del proyecto es la prohibición de la venta de alcohol a menores de 18 años. Se responsabilizará tanto a los adultos que provean bebidas alcohólicas a menores como a los locales que no detengan este tipo de ventas.
El proyecto establece la disolución del IPLA. Macome argumenta que este organismo ha demostrado ser ineficaz en la lucha contra el alcoholismo, señalando que desde su creación en 1994, ha funcionado más como un ente recaudador que como un verdadero instrumento para reducir el consumo de alcohol. Según el legislador, la burocracia del IPLA ha crecido desmesuradamente, con un plantel de 164 empleados que consume el 90% de su presupuesto sin resultados visibles en la lucha contra el alcoholismo.
“El IPLA solo sirve para mantener su estructura de empleados. Es evidente que es necesario replantearse la existencia de un organismo claramente ineficiente, como lo está haciendo el Estado Nacional con organismos que solo tienen por finalidad recaudar, perseguir y asfixiar al contribuyente”, afirmó Macome.
La disolución del IPLA implicará la transferencia de sus recursos materiales y financieros al Ministerio de Salud, que será el encargado de aplicar la nueva normativa. El personal del IPLA que haya alcanzado la estabilidad laboral será reubicado o puesto en situación de disponibilidad, de acuerdo con el estatuto del empleado público de Tucumán.
