Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
En la semana que pasó, tomó estado público una grave acusación formulada por el cuestionado legislador Daniel Deiana. Las declaraciones que realizó en un programa televisivo, acerca de una supuesta investigación que estaban llevando a cabo “algunos legisladores”, los cuales, iban a presentar pruebas ante la Justicia en contra del gobierno provincial, más precisamente al entorno de Juan Manzur, por narcotráfico y corrupción, son de una gravedad institucional sin precedentes en la provincia.
Está más que claro que decir cualquier barbaridad sin fundamento alguno no tiene sanción en este país, menos en esta provincia. Cualquiera puede decir cualquier cosa, por más grave que sea y, sin embargo, jamás nadie parece pagar las consecuencias, menos aún, cuando quienes realizan estas graves acusaciones, pertenecen al poder político.
En ese sentido, tal y como lo dejamos en claro en Tucumán Despierta durante el transcurso de la semana que pasó, el legislador Deiana es un político que hace gala de su hipocresía para mantenerse en el poder. Justamente, eso fue lo que hizo cuando habló sobre parlamentarios que estarían investigando supuestos hechos de corrupción, para denunciar a la Justicia al Poder Ejecutivo provincial.
Esto se debe, como dijimos anteriormente, al hecho de que el legislador Deiana, invocó a la legislatura provincial como una especie de respaldo para sus dichos. Utilizó el Poder Legislativo, como si se tratara de una especie de garantía para alquilar un departamento. No hay registros de una acusación tan grave en la historia reciente de Tucumán.
Lo peor del caso, es que Deiana no es más que un boca floja, un personaje nefasto que a sabiendas de que debería lavarse la boca antes de decir cualquier barbaridad, sin fundamentos ni prueba documental alguna, utilizó un poder del Estado provincial como mantel para limpiarse. Pero su torpeza hizo que, al igual que cuando se tira del mantel, la vergüenza caiga y se derrame en esa institución.
¿A qué se debe esto? Al hecho de que, al final de cuentas, ni Daniel Deiana ni ninguno de los legisladores que lo acompañan presentaron nada. En realidad, lo que hizo el legislador, más bien parece tener otras intenciones. Pareció un apriete de parte del parlamentario, para recuperar los códigos de descuentos de la Mutualidad Provincial de los que ya no goza tras la grieta abierta en el peronismo local.
Pero es justo aclarar que no sólo tiene responsabilidad Deiana y su hipocresía a cuestas, acerca de la degradación a la que sometió con sus afirmaciones a la cámara legislativa. Es que ningún legislador, ni oficialista ni de la variopinta oposición hablaron de esto, es decir, de las graves acusaciones que no tendrían fundamentos de parte del legislador, que padece un fuerte ataque de verborragia y cada día con mayor frecuencia.
Ningún integrante del parlamento tucumano, institución que se espera que represente al pueblo de Tucumán, alzó la voz, ya no para gritar, ni siquiera para susurrar alguna crítica hacia el accionar vergonzoso, cobarde, mal intencionado e hipócrita de parte de Daniel Daiana. ¿Acaso le deben algo? ¿O es que tal vez la defensa corporativa entre legisladores no distinga oficialismo ni oposición?
Tal parece que la impunidad es lo que une a la totalidad de los legisladores, por las dudas el día de mañana alguno necesite de ella para protegerse de dar explicaciones a la Justicia.
Ahora bien, deberían sentirse a salvo, porque la realidad es que el Poder Judicial en Tucumán se preocupa menos todavía por el hecho de que se haga justicia en la provincia. Y eso es lo más grave del circo montado por este inescrupuloso legislador.
Ningún fiscal, ni federal ni provincial actuó de oficio, ni tomó cartas en el asunto. La justicia tiene la obligación de actuar, más aún cuando se acusa a un poder provincial de narcotráfico y delitos de corrupción, ya deberían haber citado a este legislador y que presente todas las pruebas de sus dichos. Pero la realidad es que jamás apunta contra el poder constituido en la provincia, mucho menos si se trata del poder político, con el que mantiene desde hace tiempo relaciones carnales y espurias.
En el caso de Daniel Deiana, la Justicia ni siquiera tendría que empezar por lo último que dijo, sino por lo que anteriormente hizo. En ese sentido, debería iniciar una investigación por varias denuncias con las que carga el legislador por el mal manejo de la Mutualidad Provincial, la cual preside y está caracterizada por recibir acusaciones sobre desmanejos de fondos, maltrato, persecución y despidos sin ningún motivo dentro de la institución.
En esa línea, al menos cinco personas que ahora son ex empleadas de la Mutual, han denunciado al legislador Deiana y seguramente se seguirá conociendo más sobre la “sensibilidad” del legislador provincial y todavía presidente de la Mutualidad Provincial para con el personal a su cargo, ya que todos los relatos coinciden en una cosa, maltrato y persecución a los empleados de su gestión.
Es necesario preguntarse, ¿por qué la Justicia siempre mira para otro lado cuando se trata de políticos?, son muy graves las acusaciones que realizó este legislador y ahora pareciera hacerse el distraído y el Poder Judicial colabora con esa ignominia. Además, lo estaría cubriendo al no investigarlo por las denuncias en su contra en lo que hace al manejo de dinero público de la Mutualidad Provincial.
En ese marco, ¿acaso no revisten la suficiente gravedad como para que la justicia haga algo? Al respecto, todo parecería indicar que la justicia provincial estaría protegiendo a todos aquellos dirigentes políticos por medio de su silencio e inacción. Y es que siempre es lo mismo con esta justicia tucumana, parecería darle impunidad a esta casta de políticos vergonzantes.
Esto significa que la Justicia de Tucumán miraría hacia otro lado y dormiría el sueño de los justos, cuando se trata, ya no de juzgar, siquiera de investigar, a políticos. El Poder Judicial debería recordar que la sociedad espera su intervención para que la impunidad no sea moneda corriente en nuestra provincia, donde hacer las cosas por izquierda se ha convertido en la nueva normalidad, como también la inacción judicial.
Claramente, la Justicia en Tucumán atraviesa sus horas más oscuras de todos los tiempos, mientras la sombra del descrédito se vuelve cada vez más pantanoso y profundo. Sólo en un escenario como ese, se entiende que declaraciones como las del legislador Daniel Deiana parecieran que se las llevó el viento sin ningún tipo de consecuencia para este legislador, más aún cuando por ser un funcionario público tiene la obligación de denunciar en la justicia al tomar conocimiento de un delito, de lo contrario estaría incumpliendo con los deberes de funcionario público, como también se podría interpretar un encubrimiento de lo que denunció públicamente.
Y es que, en definitiva, se trata de un poder del Estado que no está interesado más que en proteger a los poderosos. Es como si se tratara de un pacto mafioso que no busca más que eternizar la impunidad de los que incurren en malos actos. Con todo esto, la Justicia no pareciera darse por enterada y sigue jugando al juego del “todo pasa”. Es por ello que cabe preguntarse:
¿Alguna vez en Tucumán se hará justicia cuando se trate de funcionarios que se encuentran dentro del poder político?
