El fiscal Gerardo Nicolas Salas afirmó que existen los elementos para iniciar la investigación e imputar a Daniel Lucci, el socio comercial de Coca-Cola, por haber amenazado a su esposa desde 2022 hasta que esta logró romper sus miedos y denunciarlo en la justicia. El jueves pasado Lucci fue notificado por la policía y tuvo que fijar domicilio, número de contacto y nombres de sus abogados para el paso siguiente en el que se ahondará en la investigación para luego si un juez o jueza acepta llevarlo a juicio oral y público.
El hecho se produjo a dos meses de que el periodista José Romero Silva revelara las amenazas de muerte recibidas por la ex pareja de Lucci. “Daniel me amenazó y me dijo que me iba a matar”, indicó A. a la jueza Judith Solórzano, quien el viernes 18 de agosto resolvió llamar la atención al fiscal Gerardo Salas por no haber accionando ante la denuncia y no haber otorgado el rol de querellante a la víctima.
Semanas después Daniel Lucci continuó con su hostigamiento a su esposa. En la investigación la justicia pudo corroborar las denuncias que realizó E. A., cómo la que el industrial y socio de Coca-Cola llamó a la empresa de seguridad Albiero para quitarle la protección y solo el controlar las alarmas, adentro de esa propiedad y bajo llave que sólo tenía Lucci había Armas de fuego que luego fueron secuestradas por la policía.
También este mando a buscar su colchón, vestimenta, moto, un saca pelusas de traje y otros elementos que al parecer al estar flojo de billetera no podía comprarlos. Además, el empresario inmobiliario intentó sacar de la administración de algunas empresas a E. A. y desde la denuncia no dejo amigo cercano o ex parejas de la mujer de llamarlos para hablar mal de ella y pedirles que se alejaran. Todo esto le varió la apertura de esta nueva investigación por haber desobedecido en reiteradas oportunidades la restricción de alejamiento dispuesta por la justicia.
Todo se inició luego de que E. A., esposa de Lucci, lo denunciara por violencia de género y amenazas de muerte en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia. Desde aquí se libraron duros informes sobre el industrial y pedidos para que la justicia atienda a la víctima que según se supo en el escrito advertía que estaba en “riesgo de desenlace trágico” y que su caso era de “riesgo altísimo”.
