El intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, advirtió al gobernador Juan Manzur que reclamará en sede judicial los casi $ 94 millones que asegura que la Provincia adeuda a ese municipio en concepto de obligaciones salariales y de obras públicas.
El jefe municipal, hombre fuerte del espacio que lidera el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, envió una nota al mandatario en la cual le avisa que tal instrumento debe ser entendido como reclamo formal, y ser respondido por la positiva dentro de los próximos 10 días hábiles.
“El 24 de junio se puso en conocimiento la anómala situación de incumplimiento del Gobierno en la remisión de fondos para hacer frente a obligaciones salariales, realización de obras, prestación de servicios y desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales que tiene el municipio”, dice la nota.
Monteros agregó que las sumas adeudadas al mes pasado -“en razón del inexplicable e infundado recorte de fondos”- ascienden a casi $ 93,9 millones: cerca de $ 31,9 millones a obligaciones salariales y $ 62 millones a obras públicas.
El intendente manifestó que la deuda impacta en servicios esenciales que presta el municipio bandeño: “se puso en relieve la afectación inmediata de los servicios municipales que se prestan en seguridad, centro de vacunación, Secretaría de Salud, escuela municipal, y asistencia alimenticia a los enfermos de covid-19 de escasos recursos y a sus familiares”.
El jaldista reclama que se hagan efectivas las trasnferencias de los fondos adeudados. “Se demanda que el Gobierno promueva, en el marco excepcional de la pandemia, las medidas de acción positiva y se remuevan los osbtaculos para remitir los fondos adeudados, regularizando se en forma mensual los partes”, indica en la nota.
Finalmente, el intendente avisa que, si tal cosa no ocurre, hace reserva de insistir con el reclamo, en sede judicial. “En caso de silencio y/o negativa del cumplimiento de las obligaciones hago expresa reserva de recurrir a la via judicial, dejando deslindada la responsabilidad por daños y perjuicios que se pudieran haber ocasionado o se ocasionen como consecuencia del incumplimiento de la remisión de fondos”, cierra Monteros.
