El ministro de Defensa, Luis Petri, tiene dos nuevos asesores: Silvia Ibarzabal, la vicepresidenta de la Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA), y Arturo Larrabure, del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), organización cuya presidenta honoraria es Victoria Villarruel. Se trata de dos personas que convirtieron su tragedia familiar en militancia. Sus padres, los coroneles Jorge Roberto Igarzábal y Argentino del Valle Larrabure, nacido en Tucumán, fueron asesinados por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y, desde hace décadas, defienden lo que denominan “la memoria completa”.
Desde Defensa confirmaron que Ibarzabal y Larrambure fueron incorporados como contratados en la dirección nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Según las fuentes oficiales, trabajarán en coordinar lo programas de cooperación en la jurisdicción del Ministerio con organismos nacionales e internacionales, ya sea gubernamentales y no gubernamentales.
Además, “contribuirán en la definición de políticas y acciones que contribuyan al bienestar del personal que integra el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y otros organismos dependientes, como parte indivisible de los Derechos Humanos que los asisen”, agregaron desde la cartera de Petri.
El desembarco de los nuevos funcionarios refuerza la línea del Gobierno con respecto a su mirada sobre lo que pasó en los ’70 en la Argentina. Aunque forman parte de diferentes organizaciones, Ibarzabal y Larrabure sostienen la necesidad de revisar los delitos cometidos por las organizaciones armadas y rechazan el enfoque adoptado en las últimas décadas por los organismos de derechos humanos.
En julio del 2023, AFAVITA organizó una marcha junto a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y el Centro de Estudios Cruz del Sur para rendirle homenaje a las víctimas del atentado de Montoneros de 1976 contra el comedor de la exSuperintendencia de Seguridad Federal. Participaron Ibarzabal, el diputado Ricardo López Murphy, la legisladora porteña Rebeca Fleitas y la exsenadora bonaerense Felicitas Beccar Varela. El grupo exigió que la estación de subte “Entre Ríos-Rodolfo Walsh” pase a llamarse “Entre Ríos-Víctimas del terrorismo”, por considerar al periodista autor de la masacre.
En el documento que se leyó durante aquella jornada, además, pidieron que “se restaure el principio básico de igualdad ante la ley y se ponga fin a los juicios de veganza contra los militares y civiles que, cumpliendo con su deber, combatieron a terroristas”.
A pesar de organizar eventos del mismo estilo y de tener una mirada similar de la historia, existen incontables interas en este sector. Villarruel sin duda se convirtió en su máximo exponente público, pero no todos están alineados detrás de la vice. Hay quienes le reprochan haber dejado de lado la defensa de los militares condenados por delitos de lesa humanidad para dedicarse exclusivamente a las víctimas civiles como estrategia politica. La AFAVITA y el CELTYV no tienen diferencias de fondo, pero quienes conocen este universo destacan que históricamente hubo diferencias personales entre ambas organizaciones. La presencia conjunta de Ibárzabal y Larrabure en Defensa puede significar un recambio de alianzas.
Los nuevos funcionarios de Petri comenzaron su militancia a partir de la muerte de sus padres. El coronel del Ejército Jorge Norberto Ibarzábal murió el 19 de noviembre de 1974. Había sido secuestrado por el ERP el 19 de enero, cuando se desempeñaba como jefe del Grupo de Artillería Blindado 1 con asiento en la guarnición Militar de Azul, provincia de Buenos Aires.
Según se reconstruyó, un grupo de entre 100 y 120 miembros del ERP ingresó a la guarnición con uniformes verdes de combate y cascos similares a los del Ejército, lo cual dificultó su identificación. Ibárzabal se encontraba con su familia, fue secuestrado y conducido a una “cárcel del pueblo”. Diez meses después, el coronel fue subido a bordo de una camioneta para ser trasladado por la organización. A la altura de Quilmes, el vehículo fue interceptado por la Policía. Se produjo una persecución y uno de los miembros de la organización, Sergio Dicovsky, disparó y asesinó a Igarzabal.
Aunque durante todo el tiempo que estuvo secuestrado el coronel le envió cartas a su familia para confirmar que estaba bien, cuando las autoridades reconocieron el cuerpo, comprobaron que su estado físico estaba muy deteriorado. En el 2007, su hija Silvia anunció que pediría a la Justicia que el caso fuera investigado como delito de lesa humanidad.
Argentino del Valle Larrabure también fue un coronel del Ejército que murió luego de pasar 372 días en cautiverio. Fue secuestrado por el ERP el 12 de agosto de 1974, cuando se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, Córdoba.
Esa noche, en el casino de oficiales de la unidad se estaba desarrollando una fiesta y un grupo de alrededor de 70 miembros del ERP ingresó con el objetivo de robar armamento y secuestrar al jefe de la fábrica, el coronel Osvaldo Guardone. Sin embargo, el hombre se encontraba enfermo en su casa y los militantes entonces decidieron llevarse a su segundo, el coronel Larrabure, y a un capitán que intentó huir y fue asesinado.
El grupo se escapó con 120 fusiles FAL, municiones y con Larrabure como rehén. Durante más de un año, el coronel fue sometido a torturas y malos tratos. Finalmente, murió el 19 de agosto de 1975 y su cuerpo fue arrojado en una zanja en Rosario. Pesaba poco más de 40 kilos y, al igual que Ibarzábal, su cadáver revelaba que había pasado su último tiempo de vida en pésimas condiciones. Durante años, su familia desmintió que el coronel se haya suicidado, la versión que sostuvieron desde el ERP.
En 2009, su hijo Arturo solicitó la reapertura de la causa y, al igual que su ahora compañera en el ministerio de Defensa, pidió que la muerte de su padre se clasificara como delito de lesa humanidad.
