La controversia por las ocupaciones irregulares en El Cadillal sumó un nuevo episodio. Esta vez, en el foco está una reunión realizada en enero de 2023 en el barrio Villa del Lago, donde el actual comisionado rural, Dante Delgado, junto al ex empleado Rafael Trujillo —investigado por la venta ilegal de tierras fiscales en El Mollar— entregaron constancias sin validez legal para la instalación de energía eléctrica, avaladas supuestamente por Regularización Dominial, un área ya desmantelada por el Gobierno provincial.
“¡Un paso más en nuestra gestión!”, celebraba Delgado en un posteo de Facebook fechado el 11 de enero de 2023, donde anunciaba la entrega de constancias para que los vecinos pudieran “tramitar el tendido eléctrico para su barrio”. El mensaje fue acompañado por fotos de la reunión y por un fuerte discurso político en plena campaña electoral, prometiendo soluciones y regularización.
Sin embargo, la situación tomó otro rumbo en enero de este año, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo ordenó la eliminación de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, tras confirmarse que allí se emitieron documentos sin respaldo legal.
Según confirmaron fuentes de la Fiscalía de Estado, ningún empleado de esa área estaba autorizado a emitir constancias que avalaran gestiones ante EDET (empresa distribuidora de energía), ni a intervenir en trámites relacionados con la provisión de servicios.
Delgado, ahora en funciones como comisionado, no respondió a la requisitoria periodística. En cambio, desde la cuenta oficial de la comuna rural de El Cadillal difundieron un comunicado institucional para deslindar responsabilidades:
“Delgado no ocupaba ningún cargo público al momento del encuentro, era candidato, sin atribuciones administrativas ni representación institucional”, señala el texto. “La convocatoria fue realizada por vecinos y el encuentro tuvo carácter informativo y comunitario”, agrega el documento.
No obstante, el mismo video viralizado en redes muestra a Trujillo interviniendo activamente, explicando supuestos pasos para ingresar al plan de regularización dominial establecido por la Ley 9.179, que en ese momento aún no estaba reglamentada.
Trujillo ya está siendo investigado penalmente por la venta ilegal de tierras en El Mollar y su nombre reaparece ahora vinculado a El Cadillal, donde los vecinos aseguran que ofrecía ayuda para regularizar terrenos ocupados, en algunos casos a cambio de dinero.
La denuncia se vincula con otros loteos sin habilitación y con el otorgamiento de constancias sin respaldo institucional.
Delgado, por su parte, visitó el martes la Casa de Gobierno para dar explicaciones ante funcionarios provinciales sobre su participación en los hechos, aunque no trascendieron detalles del encuentro.
Villa del Lago es uno de los epicentros de la urbanización ilegal en El Cadillal, con más de 100 casas construidas en terrenos fiscales. Sus habitantes solo poseen boletos de compraventa sin validez dominial, lo que impide el acceso a servicios básicos como agua y electricidad.
La situación se agrava con cada nuevo episodio: denuncias cruzadas, documentos sin validez, funcionarios involucrados, y vecinos que aseguran haber actuado de buena fe, tras confiar en referentes con vínculos en el Estado provincial.
La Fiscalía de Estado continúa analizando documentación y testimonios. El caso ya no se limita a un barrio ni a un empleado: pone en evidencia un sistema informal de gestiones paralelas en tierras públicas, con consecuencias institucionales aún por medir.
