La Comisión de Juicio Político de la Legislatura rechazó un juicio político contra el juez Conclusional Juan Francisco Pisa
En noviembre, la gremialista judicial Alejandra Martínez Romero presentó un planteo de remoción contra el juez Pisa, pero vinculado con la denominada causa “Bravo”.
Ángel Alfredo Sacarías Bravo fue denunciado por presuntas amenazas de muerte agravadas por el uso de un arma. A la Cámara Penal de Apelaciones (estructura del anterior Código Procesal Penal -Ley 6.203-) llegó en agosto el expediente para que se resuelve un pedido de prisión preventiva contra el imputado.
Martínez Romero, a fines de noviembre, planteó que Pisa, el 22 de agosto, ejecutó la liberación de Bravo, convalidando la competencia del camarista Enrique Pedicone, quien está enjuiciado por la Honorable Legislatura por ese caso.
Entonces, la secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) pidió que la comisión legislativa actuara con Pisa de igual manera que como procedió con Pedicone. Es decir, requirió que también se le formulase acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento para que enfrentara un proceso de destitución.
Pero la comisión de Juicio Político rechazó por unanimidad el planteo de la sindicalista, por entender que los hechos denunciados no se encuentran comprendidos en las causales de remoción.
La doble vara parece regir a la Honorable Legislatura: protección a los jueces amigos y enjuiciamiento a los jueces que no se someten al poder político.
La comisión de Juicio Político tiene 12 miembros. De estos, hoy, 10 son peronistas. Nueve son del oficialista bloque Justicialista de Todos: Zacarías Khoder (presidente), Sergio Mansilla (vice), Carlos Gómez, Enrique Bethencourt, Mariela Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Graciela Gutiérrez, Adriana Najar y Reneé Ramírez. A ellos se suma Julio Silman (secretario), de la bancada alperovichista Hacemos Tucumán. Lo completan los opositores Raúl Pelligrini, del alfarista Partido por la Justicia Social; y Mario Casalli, de FR.
Para que se admita un pedido de remoción, y para que luego se formule acusación, hacen falta los dos tercios de los votos: 8 de los 12. El PJ tiene mayoría agravada propia.
