Una nueva denuncia contra un municipio tucumano se suma a las que se conocieron en las últimas semanas y que derivó en una investigación que está en manos de la Justicia Federal tras la intervención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). De esta manera, una nueva intendencia (cuyo nombre, por el momento, no se informó), se suma a las averiguaciones que se realizan sobre movimientos de fondos en Banda del Río Salí, Monteros, Lules y Famaillá.
El caso se conoció tras la denuncia presentada por el fiscal general Diego Velasco, titular de la Procelac, que además aportó pruebas contra otros municipios de Salta y Catamarca. En Tucumán la investigación recayó en el fiscal federal subrogante N° 1, Rafael Vehils Ruiz, que además tiene a su cargo la fiscalía general federal tras la renuncia del ex titular Gustavo Gómez. Se trata además del fiscal electoral de la provincia ya que la denuncia de Velasco está orientada al uso de fondos con fines electorales. Según el informe de la Procelac, los municipios tucumanos habrían extraído más de $17.000 millones sin justificación que convenciera a las autoridades del Banco Macro, que es la entidad que tiene las cuentas públicas en la Provincia.
En total son ocho los municipios del norte que pusieron en alerta a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), por haber realizado extracciones bancarias por un total de $39.487 millones, sin documentación respaldatoria, entre enero de 2023 y octubre de 2024. De Tucumán: Banda del Río Salí ($17.256 millones), Famaillá ($11.449 millones), Lules ($4.217 millones) y Monteros ($3.923 millones); de Catamarca: Belén ($624 millones), Icaño ($1.113 millones) y Corral Quemado ($771 millones); y de Salta: San Carlos ($131 millones). Como consecuencia, la Procelac que encabeza Diego Velasco realizó una denuncia para que se dilucide el uso de los fondos. En ese sentido, la UIF señaló en los informes que los significativos fondos públicos extraídos en efectivo de aquellas Municipalidades, a través de cheques y sin justificación, podrían haber sido destinados -al menos en parte- a campañas de las últimas elecciones provinciales y nacionales. En ese sentido, la Procelac plasmó en la denuncia a la que tuvo acceso LA GACETA que “se considera pertinente continuar indagando sobre el destino de tales fondos, a fin de lograr desentrañar cualquier mecanismo tendiente a ocultar verdaderos contribuyentes de las campañas electorales en cuestión, identificar actividades y personas vinculadas con maniobras ilícitas”. Según la presentación de Velasco, “A partir de los Informes de Inteligencia recibidos se advirtió un patrón de conductas en común en el sentido señalado por la Unidad de Información Financiera (UIF); esto es, que significativos fondos públicos fueron extraídos en efectivo, sin justificación, de cuentas bancarias de diversas Municipalidades de las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta, pudiendo haber sido destinados -al menos en parte- a campañas de las últimas elecciones nacionales y provinciales. El monto total de dinero desviado sería de, aproximadamente, $39.485.000.000”.
“A partir de los sucesos investigados y las corroboraciones realizadas, aún con las limitaciones propias que conlleva esta etapa, existen indicios para sospechar que se podrían haber cometido infracciones a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y los delitos de peculado, lavado de activos de origen ilícito y/o asociación ilícita (arts. 210, 261, 303 y cctes. del Código Penal). Ello, más allá de lo que sea acreditado a través del proceso judicial correspondiente sobre la configuración de éstos y/o cualquier otro tipo penal aplicable”, agregó Velasco. Este análisis es el que está haciendo actualmente Vehils Ruiz que, teniendo en cuenta lo que dijeron los implicados de que aún no se les notificó de ninguna investigación, está justamente recolectando pruebas para determinar si realmente se cometió un delito o si hubo sólo “un descuido”. En ese sentido, el ministro del Interior Darío Monteros, ex intendente de Banda del Río Salí, afirmó que “es normal en los municipios retirar fondos para abonar obligaciones que no están bancarizadas”, y puso el ejemplo de pagos a proveedores de servicios culturales y eventos municipales que habitualmente se realizan en efectivo. Los ex intendentes Montero, José Orellana (Famaillá), Carlos Gallia (Lules) y Francisco Serra (Monteros) aparecen mencionados en la investigación de Velasco, dado que estuvieron a cargo de los municipios en el momento de las extracciones.
Topes de retiros
La Procelac expuso que, del informe publicado por la Cámara Nacional Electoral, basado en los aportes de campaña declarados, “los principales espacios políticos recaudaron casi $875 millones a nivel nacional en 2023, monto notoriamente inferior a la suma calculada” para el conjunto de municipios investigados. El informe de la UIF fue más allá al registrar que los topes máximos de retiros en efectivo fueron el 8 de junio de 2023 (a pocos días de la elección provincial), el 11 de agosto de ese año (antes de las PASO) y cuatro retiros más en los días previos a las presidenciales del 22 de octubre de 2023. Cuando se le consultó al gobernador Osvaldo Jaldo sobre lo que estaba sucediendo, advirtió que “todos los conceptos del informe son hipotéticos. No acusa a ninguna persona ni determina figura delictiva, como así también no aporta más pruebas”. “Reconocemos el informe, a pesar de que no hemos sido notificados por lo que no conocíamos el contenido”, dijo.
No se descarta que haya otros municipios, además de los cinco ya posiblemente vinculados, que también podrían ser investigados.
