El Tribunal de Cuentas de Tucumán, mediante el Acuerdo N° 5210, del 19 de noviembre de 2024, inició una investigación a raíz de una denuncia presentada por Myriam Inés Costilla, autoridad de una cámara socia de la Federación Económica de Tucumán (FET). La denuncia señala posibles incompatibilidades y perjuicio patrimonial en las funciones desempeñadas por dos altos funcionarios provinciales.
La presentación de Costilla apunta a los siguientes hechos:
Incompatibilidad de Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, quien también forma parte de la Comisión Directiva de la Cámara de Turismo de Tucumán y la Federación de Cámaras de Turismo. Según la denuncia, dichas instituciones tienen una relación directa con el Ente, del cual Frías Silva es autoridad.
Incompatibilidad de Aldo Madero, director de Personas Jurídicas, debido a que su cónyuge figura como socia capitalista de la empresa Patsa Turismo SRL. Esta compañía es integrante de la Asociación de Agencias de Turismo de Tucumán, entidad bajo la supervisión de la Dirección de Personas Jurídicas.
La presentación señala un presunto daño patrimonial al Estado derivado de fondos entregados por el Ente de Turismo a asociaciones civiles vinculadas al turismo, como la Cámara de Turismo de Tucumán, la Federación Económica de Tucumán y el Bureau Tucumán, organismos supervisados por la Dirección de Personas Jurídicas.
En el marco de esta investigación, el Tribunal ha solicitado información a tres organismos provinciales:
Fiscalía de Estado: Deberá informar la fecha de incorporación y los actos administrativos que designaron a Aldo Madero como Director de Personas Jurídicas.
Ente Autárquico Tucumán Turismo: Se requiere información sobre la designación de Inés Frías Silva, además de los fondos otorgados a las asociaciones mencionadas desde 2019 hasta la fecha, incluyendo los actos administrativos correspondientes.
Dirección de Personas Jurídicas: Se ha solicitado la nómina de autoridades de las asociaciones involucradas en la denuncia.
El Tribunal de Cuentas estableció un plazo de cinco días hábiles para que las instituciones cumplan con estos requerimientos, con el fin de avanzar en la evaluación de las denuncias y las pruebas aportadas.
