“Es una situación que no tiene precedentes y generó un repudio a nivel nacional. Un comisionado que debe vigilar que no haya violencia en los centros de detención terminó siendo agredido por un efectivo policial cuando había sido encomendado a hacer una visita sorpresiva”, aseguró Fernando Korstanje, representante de Tucumán del Comité Nacional Contra la Tortura. La Justicia ya inició una investigación por el caso.
La víctima dijo que se presentó en la seccional 1ª el martes pasado para escuchar la situación de un detenido. Al llegar a la dependencia policial, descubrió que personal del Cuerpo de Infantería se aprestaba a realizar una requisa, por lo que pidió presenciarla, pero los responsables se lo impidieron. El problema se generó cuando a Korstanje le impidieron estar en el interior del edificio.
“Fue agredido por un agente policial que no estaba debidamente identificado, quien tras hacer un ademán de golpearlo, lo empujó sobre el rostro y torso, le sustrajo momentáneamente su teléfono celular para borrar fotografías, a la vez que lo insultaba y amenazaba con agredirlo sexualmente”, detalló en un comunicado de prensa el Comité Nacional contra la Tortura que repudió el hecho.
La agresión impidió que el comisionado accediera al sector de celdas en el momento en que se realizaba una requisa a las personas detenidas, entorpeciendo de este modo la tarea preventiva y de defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad.
“Traté de explicarle a un comisario que por Ley estábamos autorizados a realizar la visita. Aún así nos impidió que hiciéramos nuestra tarea”, destacó el comisionado. “Por protocolo no nos enfrentamos a las autoridades que impiden que analicemos su trabajo. No hay manera que nos acusen de algún tipo de situación”, explicó el comisionado en una entrevista.
Kornstaje aclaró que las autoridades policiales se negaron a identificar al agresor, pero que por cuenta propia logró identificarlo y denunciarlo en la Justicia. “Se trata de un cabo que cumple funciones de chofer”, aclaró. “Se hizo la denuncia en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y de allí el expediente fue enviado a la de Delitos Complejos. Me presenté para ratificar la denuncia y me dijeron que no hacía falta y que me citarían en otro momento. Sí tomaron declaraciones al testigo que ofrecí y que observé todo”, destacó.
Pedido de sumario
Los funcionarios del Comité contra la Tortura enviaron una nota a las autoridades del Ministerio de Seguridad para solicitar que se iniciara un sumario administrativo. “Hasta el momento no tengo novedades”, dijo la víctima. Fuentes del área informaron que ya se realizaron las actuaciones correspondientes para constatar lo que sucedió. “Sí se comunicaron conmigo los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos para expresar su total apoyo”, finalizó.
El incidente denunciado se registró semanas después de que el Comité Nacional contra la Tortura realizara un lapidario informe sobre la situación de los detenidos en las comisarías de la provincia. Los responsables del organismo se entrevistaron con funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial para expresar su preocupación por la crisis carcelaria. Se retiraron de la provincia con la promesa de que se acelerarán las obras del penal de Benjamín Paz y de dos alcaldías. Volvieron a contactarse por este caso.
