El lunes último la Comisión de Juicio Político resolvió por unanimidad abrir el proceso de destitución de la jueza de Familia Valeria Judith Brand para investigar su desempeño en cuatro casos graves en los cuales, según los denunciantes, “la jueza en vez de proteger a las niñas y niños, los maltrató, los dejó desamparados ante sus abusadores y, en el caso más grave, dictó una resolución quitándole el cuidado al padre que la criaba a la nena desde su nacimiento, para entregarla a sus violadores”. El viernes pasado, decenas de personas se convocaron en la Legislatura de Tucumán para apoyar el pedido de destitución de la jueza Valeria Brand; pedido que también fue solicitado formalmente por varias organizaciones sociales y feministas como “Concepción Feminista” y la Fundación “Crecer en Familia”. Desde Méjico y Perú llegaron adhesiones al pedido de destitución, y manifiestan que el desempeño de esta jueza produce “vergüenza internacional”.
Los denunciantes, cuyos nombres se reservan para preservar la identidad de las niñas y niños involucrados, señalaron que “en los cuatro casos la jueza Valeria Brand siguió un mismo patrón de conducta, que pone en evidencia un absoluto desprecio por la integridad sexual, física, emocional y psicológica de los niños y niñas”.
En los casos conocidos como “Brisa” y “Rocío”, los denunciantes afirman que “la jueza Valeria Brand, en vez de proteger a las niñas y a sus hermanitos, utilizó todo el aparato estatal para revictimizarlas y atormentarlas”.
Según constancias de las causas penales, a “Brisa” la abusó sexualmente su propia madre y él novio de ésta, cuando la niña tenía 4 años. A “Rocío” la abusó su tío materno entre sus 5 y 10 años, y su madre está acusada de encubrir los abusos.
Agregan los denunciantes que “en el caso de Brisa la actuación de la jueza puede calificarse como aberrante: dictó una resolución sacándola del cuidada de su papá -que la criaba solo desde los 8 meses de vida porque su madre la había abandonado-, con el objeto de entregarla a sus violadores: la madre y su pareja. Ante la oposición del Papá de Brisa, la jueza -como en una película de terror- impulsó una verdadera cacería humana por desobediencia judicial”.
En el lapso de 10 días se hicieron 16 allanamientos para “cazar” a la niña y meter preso a su papá que la estaba protegiendo con alma y vida. “Para evitar que Brisa sea entregada a los violadores, su papá estuvo escondido con Brisa durante 10 días a la intemperie en los cerros tucumanos, hasta que intervino la Cámara de Familia y detuvo esta cacería humana. La madre y la pareja de ella, tienen requerimiento de elevación a juicio por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de Brisa, agravado por el vínculo y por la intervención de dos personas”, señalaron los denunciantes.
Continúan diciendo que “en el caso de “Rocío”, sabiendo la jueza que el abusador estaba libre y que la madre concurría a la casa de él -según las constancias del expediente-, mantuvo a los hermanitos más chicos de “Rocío” (de 3 y 7 años) en situación de vulnerabilidad y desamparo al impedir -durante casi dos años- que el Papá de los niños los cuidara a pesar de sus ruegos y el peligro en que estaban por estar el abusador libre como lo destacara una psicóloga en el expediente”.
Según los denunciantes, “en los cuatro casos, la jueza descalificó la palabra de los niños y los revictimizó con reiteradas intervenciones judiciales a pesar que los psicólogos de los menores las desaconsejaban por el delicado estado psíquico y emocional que estaban atravesando”.
“Una jueza que en vez de proteger a niñas víctimas de abuso sexual, no solo las revictimiza, sino que las entrega a sus violadores o las mantiene en situación de desamparo; una jueza que maltrata a nuestros hijos, ocasionándoles graves daños psicológicos y físicos -como el ataque de pánico y la parálisis facial que sufrió M. luego de la audiencia- no solo no puede ser jueza, sino que debería ser investigada judicialmente”, aseveraron los denunciantes.
“Los niños y niñas de la provincia están en peligro con una jueza así. Tucumán tiene que alzar la voz en defensa de sus niños y niñas”, finalizaron los denunciantes.
