El pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se tiñó de polémica después de que se denunciara que el beneficio, que forma parte de las medidas para mitigar el impacto del coronavirus, fue alcanzado por personas que se encuentran presas. El pasado martes 7 de julio, en el programa Solo una vuelta más, que se emite por la señal Todo Noticias, la directora Ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, anticipó que el Gobierno estaba evaluando cómo implementar el IFE y en qué regiones del país habría una tercera cuota. Durante su participación en el ciclo, el periodista Osvaldo Bazán le cuestionó que algunos presos en Tucumán habrían cobrado el beneficio.
“Es muy difícil que se inscriba una persona privada de libertad cuando se puede inscribir otro integrante de ese grupo familiar (…). Entiendo que tienen que ver con noticias que no terminan de estar chequeadas al 100 por ciento”, consignó Raverta. Cuando se le dieron más detalles de los presos que percibieron la ayuda estatal, la funcionaria manifestó: “Vamos a averiguar si eso es así y cuando tengamos la información vamos a responder”.
Tras las declaraciones de la titular de la ANSeS , la analista política y periodista de Investigación Gabriela Gatica publicó dos videos en su perfil de Twitter así como varios documentos que probarían que sí acreditaron a algunos presos a cobrar el IFE y respondió a los planteos de la funcionaria. La mujer especificó que los detenidos que accedieron al beneficio pertenecen al Penal de Villa Urquiza, una prisión de máxima seguridad que está situada en Tucumán, que aloja alrededor de 3 mil reclusos.
“Todo esto está chequeado al cien por cien, se lo digo a la titular de ANSeS a nivel nacional y también este mensaje es para Jesús Alem, que es el representante de ANSeS en todo el NOA que dijo en el medio digital Urgente24 que los detenidos no están contemplados en el pago de este beneficio. Lo siento, pero las pruebas dicen lo contrario. Creo que tienen que dar una explicación o quizás no estaban bien informados y sus subordinados no les informaron”, indicó la periodista.
En otro video, Gatica amplió: “Una aclaración con respecto a Internet. Le cuento que con la pandemia los reclusos tienen acceso a los celulares por un decreto que han sacado y pueden hacer uso de ellos. Incluso de esa manera se han registrado en el sistema de ANSeS. Hay un vacío legal que todos sabemos donde no dicen que no se pueden anotar, y no está muy actualizado el cruce de información evidentemente y tienen acceso así esta gente a cobrar el IFE”. Y agregó: “Ahora, le aviso que chequee usted al 100 por ciento de esta información que le estoy dando que hay una lista de 80 detenidos más que están en lista de espera y son pedidos que han hecho a la ANSeS para que den el oK para cobrar”.
Desde la ANSES informaron a PERFIL que el organismo “no tiene oficios judiciales sobre ninguno de estos casos”. Sin embargo, a raíz de lo publicado, el departamento de legales inició” una investigación de oficio” por la polémica en Tucumán.
El organismo deberá corroborar si es real que estos casos accedieron al beneficio y si realmente cobraron, más allá de haber sido o no aprobados. En caso de ser cierto, también deberán reconstruir cómo accedieron a internet, si lo solicitaron ellos mismos y mediante un tercero y si no mintieron en los datos cargados, entre otras cuestiones. Según pudo saber PERFIL, una de las hipótesis con la que se trabaja es la de una posible estafa.
A mediados de mayo, PERFIL había consultado a un ex alto mando de ANSES quien había asegurado que en el decreto 310 no se prohíbe que un preso cobre el IFE. Sin embargo, destacó que la normativa no fue realizada por la ANSES por lo que el organismo no determina a quién le corresponde y a quién no el beneficio, sino que son normas ministeriales de la cartera de Economía y Trabajo.
Estas denuncias se suman a la polémica generada en Tucumán luego de que, según publicó La Gaceta, en medio de una reunión por la crisis carcelaria de esa provincia, un representante del Servicio Penitenciario pidió que se instale un cajero automático cerca del penal de Villa Urquiza para que los presos puedan cobrar el IFE. El medio tucumano informó que habría 17 detenidos autorizados.
“Ellos no están contemplados en el pago de este beneficio”, explicó el gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim, ante la consulta de La Gaceta. “Cualquier persona puede ingresar y cargar los datos. Después se hacen los chequeos de datos con la AFIP y Migraciones. No existe un entrecruzamiento de información con la Justicia”, reconoció.
Una situación similar había ocurrido en Entre Ríos tras conocerse que “un importante número de internos” solicitó ser trasladados desde la Unidad Penal hasta Anses o el Correo para cobrar el IFE. “No les corresponde el beneficio”, sentenció la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, quien no descartó la existencia de información falsa para poder salir de la penitenciaria.
B.D.N. ED
