La abogada e impulsora de varias investigaciones sobre corrupción Silvina Martínez, denunció que un juez busca devolverle a la familia Kirchner la administración y gestión de todas las empresas y propiedades que están embargadas en el marco de las causas Los Sauces.
A través de un escrito que presentó la semana pasada ante el Tribunal Oral Federal 5, que lleva adelante el juicio por ese expediente, solicitó que se tomen todas las decisiones “a los fines de que se mantengan las medidas cautelares” sobre las propiedades y empresas de los Kirchner. Según Martínez, el juez del TOF5, Daniel Obligado, resolvió que se evalúe la pertinencia y conveniencia de mantener todas las intervenciones judiciales dispuestas en la causa. Esta medida podría devolverle a la familia Kirchner la explotación de sus propiedades ahora bajo fiscalización judicial, como anticipó este domingo Clarín en la columna de Eduardo Van der Kooy.
La decisión de Obligado que podría beneficiar a los K se dio justo en el comienzo de la feria judicial por la pandemia del coronavirus
En el escrito que presentó Martínez denuncia varias maniobras extrañas alrededor del expediente que investiga lavado de dinero por parte de los Kirchner a través del alquiler de sus hoteles a empresario K como Lázaro Báez y Cristóbal López. Según la abogada y ex integrante de la IJG, desde hace varios meses la instrucción del expediente parece haber tomado un rumbo favorable a la familia Kirchner. “Se aceptan reuniones con el abogado defensor de Cristina Kirchner a los fines de acceder a sus planteos, solicitando que los interventores designados se reúnan con el Dr. Beraldi como si fueran empleados de los imputados en lugar de auxiliares de la justicia”, arranca Martínez.
Y sigue contando maniobras irregulares. En las últimas semanas se dispuso que el Hotel Los Sauces pueda volver a ser administrado por la familia Kirchner, a contramano de todas las recomendaciones de dictó la actual intervención. Y también se decidió la devolución del usufructúo de una propiedad en Rio Gallegos a Máximo Kirchner, el diputado, para que la habite su ex pareja.
La última maniobra del juez Obligado, que denuncia Martínez, fue aún más allá. La presentó el 18 de marzo cuando la Justicia ya estaba funcionando en modo feria judicial por el avance del coronavirus. Allí el juez resolvió que se evalúe la pertinencia y conveniencia de mantener todas las intervenciones judiciales dispuestas en la causa. A través de un escrito, Obligado les solicitó a los actuales interventores designados que debían remitir al correo institucional un informe actualizado completo y detallado del estado de los patrimonios bajo su administración incluyendo activo y pasivo.
Esta medida llevada adelante por el juez Obligado podría devolverle a la familia Kirchner la explotación de sus propiedades ahora bajo fiscalización judicial.
Según Martínez, la maniobra de Obligado se tomó “luego de que la familia Kirchner reclamara ante la justicia diferentes acciones en torno a la administración y usufructo de las propiedades y nuevamente el Tribunal parecería querer congraciarse con los procesados”.
Además, la abogada denunció que todas estas maniobras para beneficiar a los Kirchner se tomaron con la inacción de los querellantes en la causa como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción que hoy están a cargo de funcionarios del Poder Ejecutivo, al cual pertenece Cristina Kirchner.
El juez Obligado, que encabezaría la maniobra para beneficiar a los Kirchner, es el mismo que hace un mes decidió otorgarle la prisión domiciliaria a Amado Boudou, preso por la condena en el caso Ciccone, por considerarlo grupo de riesgo en medio de la pandemia del coronavirus.
