Se trata de un delito que ocurre cuando las resoluciones judiciales dictadas por los magistrados “no son fundadas en derecho o parten de hechos falsos”.
La ONG Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) denunció hoy por prevaricato a la magistrada chaqueña que concedió una cautelar que suspende en esa provincia la aplicación de la ley 27.610.“La presentación fue realizada en el marco de una estrategia jurídica amplia que construimos entre aliadxs.
Advertimos que la jueza Aucar no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos”, expresaron en comunicado desde la ONG.
Y siguió: “Se atribuye conocimiento en materia federal y desconoce la normativa nacional e internacional“, agregó el comunicado, en el que también se caracteriza a la magistrada como “una reconocida militante antiderechos”.
