Se valió de Cafecito, un sitio web que promociona servicios sexuales en Tucumán, para investigar un negocio denunciado anónimamente como un “privado”. Sabía la ubicación aproximada de los departamentos, pero su verdadero objetivo era encontrar a la persona detrás del negocio.
Este individuo, un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), actuó como “agente revelador” utilizando una estrategia que ya había dado resultados en una causa por trata de personas en Santiago del Estero un año antes. Los detectives de la fuerza se lo propusieron al fiscal federal Agustín Chit de Tucumán, quien ya había considerado la idea, y el juez federal Fernando Luis Poviña la aprobó y estableció sus limitaciones temporales y temáticas.
Después de casi ocho meses desde el primer contacto del agente revelador, la investigación llegó a su madurez y logró desmantelar la organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
La mente maestra detrás de esta red era Walter Alfredo Ayala, un proxeneta que ya había sido condenado a 12 años y cinco meses de prisión por el mismo delito. Desde su celda, coordinaba los “encuentros” con los clientes utilizando un teléfono que había conseguido durante la pandemia, y le daba instrucciones a su esposa, Alejandra Beatriz Galván, quien había sido liberada después de cumplir una sentencia de cinco años como partícipe secundaria en los delitos cometidos por su esposo. Galván seguía haciendo lo mismo que antes: reclutando chicas para ser prostituidas en cinco departamentos ubicados en dos edificios en San Miguel de Tucumán.
El martes pasado, se llevaron a cabo allanamientos para desarticular la organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. La Justicia federal acordó con el Ministerio de Seguridad de Tucumán para que una comitiva de la PSA pudiera realizar una visita protocolar a la Unidad Penitenciaria N°10 de Villa Urquiza, sin revelar que se allanaría la celda en la que Walter Alfredo Ayala, el proxeneta que manejaba el negocio desde la cárcel, se encontraba con un solo compañero. Una de las fases posteriores de la investigación será determinar si los guardiacárceles permitían que Ayala manejara el negocio.
El agente revelador, cuya identidad se mantiene en secreto por razones de seguridad, reveló los detalles de la tarea que se le encomendó. La investigación comenzó con una denuncia que indicaba que en departamentos de dos edificios se ejercía la prostitución. Después de realizar vigilancias, seguimientos y consultas sobre titularidad de los inmuebles, las pesquisas se estancaron. Fue entonces cuando surgió la idea de usar la figura del agente revelador, que ya había dado buenos resultados en otra causa por trata en Santiago del Estero.
El equipo de investigadores de la PSA se lo propuso a la Justicia, y el juez Poviña fijó los alcances temporales y temáticos de la tarea: confirmar la información, obtener datos para avanzar y no tener contacto personal con las víctimas de la trata de personas con fines de explotación. El agente recibió una línea de teléfono con WhatsApp y comenzó a explotar las páginas web donde se ofrecían servicios sexuales, como Cafecito. A través de mensajes de prueba y error, identificó a quienes atendían dentro de la zona indicada en la denuncia y encontró respuestas que coincidían con esa geolocalización. A pesar de que algunas trabajadoras sexuales hacen esto de forma privada y voluntaria, en la mayoría de los casos hay un tratante detrás.
La investigación reveló que para iniciar la conversación por chat de WhatsApp, la frase utilizada era “Vi tu aviso…” y que la respuesta inmediata era el tarifario, que iba desde 2000 pesos por el “servicio básico” hasta 8000 pesos, con la posibilidad de incluir dos mujeres y servicios de masajes. Además de confirmar la presencia de prostitución en los departamentos investigados, los agentes pudieron obtener los nombres ficticios que utilizaban las mujeres y descubrieron que los pagos se realizaban a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de terceras personas. La Justicia solicitó los extractos de movimientos para rastrear el dinero.
La clave de la investigación fue la identificación de las líneas telefónicas utilizadas en la operación de trata. A partir de las primeras líneas conocidas, se obtuvieron las “sábanas” de llamadas para detectar la línea del cerebro detrás de la operación. El foco se centró en unas pocas líneas, que fueron georreferenciadas, y una de ellas estaba en la cárcel de Villa Urquiza, donde Ayala estaba detenido desde 2017. Se verificó que tenía un celular registrado como autorizado para comunicarse dentro del ámbito penitenciario, por lo que se autorizó la intervención de la línea y se iniciaron las escuchas.
Según un agente de la fuerza de seguridad federal, pudieron determinar que Ayala coordinaba el trabajo de las mujeres, decidía quién trabajaría en cada departamento y a qué hora, y se dedicaban a lo que se conoce como “trata blanca”, donde las mujeres recibían un trato amable y beneficios en cuanto a los horarios. Además, no ofrecían a las mujeres que tenían mucho trabajo y les daban condiciones claras.
La mayoría de las mujeres captadas por la red vivían en un estado de vulnerabilidad. La esposa de Ayala contactaba a jóvenes que quisieran “trabajar” como prostitutas y se valía del “boca a boca” para encontrar a nuevas mujeres. En algunas ocasiones, las mujeres llegaban recomendadas por otras que ya formaban parte de la organización.
Lamentablemente, para las mujeres en estado de vulnerabilidad, parecía ser un buen trabajo, pues les ofrecían la posibilidad de ganar buena plata y les convencían con esas “libertades” que les daban. No se daban cuenta de que estaban siendo captadas.
El martes pasado, a instancias de órdenes firmadas por el juez federal Fernando Luis Poviña, se realizaron siete allanamientos en la capital de Tucumán y en una celda del penal de Villa Urquiza, en esa provincia. Dos mujeres, entre ellas la esposa de Ayala, fueron detenidas, mientras que otras cinco fueron rescatadas de los departamentos utilizados como prostíbulos. Las mujeres fueron contactadas con el personal del Programa de Asistencia Integral a las Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán. Ayala fue notificado de la imputación por esta causa en su celda de la Unidad Penitenciaria N°10 de Villa Urquiza, donde cumple la condena que le impuso el Tribunal Oral Federal de Tucumán en agosto de 2019.
Durante los allanamientos, se incautaron 584.270 pesos en efectivo, 26 tarjetas de crédito y débito, 20 teléfonos celulares, seis dispositivos posnet, 161 preservativos, 74 geles íntimos, ropa interior y lencería, una cámara filmadora, una cámara de fotos, computadoras, memorias digitales y documentos relevantes para la investigación.
En las próximas horas, el juez Poviña y el fiscal Chit determinarán cuándo se realizarán las indagatorias y las declaraciones de las víctimas, que se llevarán a cabo en el sistema de Cámara Gesell. No se descarta que, a partir de estas medidas, surjan nuevos nombres de posibles acusados, incluyendo a guardiacárceles que podrían haber ignorado un delito que estaba ocurriendo ante sus ojos.
