Mientras el Gobierno avanza con el plan de segmentación de la tarifa de luz y gas en el AMBA y con el traspaso del transporte de los colectivos a la Ciudad, que sin los subsidios podrían duplicar el costo de los boletos, según estimaciones de la jefatura de Gobierno, el Ejecutivo nacional ya estudia nuevos aumentos de servicios públicos para el área metropolitana de Buenos Aires. La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) proyecta un aumento del 32 por ciento en 2022 para las tarifas de agua, congeladas desde abril de 2019. La cifra es cercana al 33% de inflación que había pronosticado el ministro de Economía Martín Guzmán para este año, pero muy lejos del número que manejan las consultoras privadas, cercano al 55%.
En la dependencia encargada de la provisión de agua y cloacas que conduce Malena Galmarini tienen en carpeta una actualización de la tarifa en marzo del 20 por ciento y que se completaría con un 10 por ciento adicional a partir del 1 de julio, que por el acumulado daría un total de 32% para todo el año, según confirmaron a Clarín fuentes oficiales.
Antes, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que ya recibió un documento de la empresa, tal como adelantó el portal Letra P, deberá emitir un estudio técnico y el Estado convocará a una audiencia pública para acordar el nuevo precio para los consumidores.
En la empresa estatal enfatizan que la compañía es electrodependiente y que en los últimos tres años, sus costos aumentaron un 2 mil por ciento. “Si bien el incremento de la tarifa de agua fue muy fuerte en 2018, luego en relación a las tarifas de energías eléctricas, peajes y a las tarifas vinculadas a las empresas amigas de aquel entonces, las de agua quedaron muy retrasadas”, dijo Galmarini a comienzos de 2020. La pandemia obligó a que las tarifas siguieran congeladas.
En el documento que la empresa elevó al ERAS destacan que el incremento no alcanzará para cubrir el sostenimiento operativo del servicio.
Al mismo tiempo, pretenden que la tarifa vuelva a incluir en las boletas el aporte del Estado para “subsidiar” la tarifa, que aparecía hasta 2017 y que resulta mucho más difícil de calcular que en los casos de las empresas de Energía, que son privadas. A través del Presupuesto asignado las reasignaciones de partidas, Aysa debe hacer frente a las tareas de mantenimiento y nuevas obras, además de la prestación del servicio, nuevas instalaciones y medidores.
Desde el Ejecutivo detallaron que es la única analogía posible con la segmentación que se aplican en el caso de la energía, es la tarifa social, que otorga el ERAS y que reciben 250 mil hogares, con el aporte de la Ciudad y la gobernación bonaerense.
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