Black Rock y sus aliados advirtieron al Gobierno que, si no realiza cambios en la última oferta, no sólo no podrá hacer el canje con el resto de los bonistas, sino que además tampoco podrá alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los líderes de los bonistas dejaron en claro esta postura de no aceptar la oferta argentina, luego de que el oficialismo dejara trascender que no hará modificaciones ni estirará los plazos de la oferta presentada.
De modificarse la actual oferta, los principales acreedores de nuestro país creen que la aceptación sería muy baja y que, por lo tanto, el canje no podría hacerse efectivo. El riesgo de esta noticia pasa por los daños colaterales que podría causar el plano financiero en el mercado local durante los próximos días. Específicamente, lo que hace al valor del tipo de cambio como así también con el precio de bonos y acciones argentinos.
Además, desde el lado de los bonistas están convencidos de que el FMI no aceptará negociar con la Argentina, si antes nuestro país no cierra un acuerdo con los acreedores privados del extranjero. Sin embargo, desde el Gobierno creen que esto no sería así, con lo que, de equivocarse, sumiría a la Argentina en una profundización de sus problemas ya de por sí crónicos. Por otra parte, hay un aspecto que la coalición gobernante no estaría contemplando.
Y es que en Estados Unidos no hay ni tiempo ni voluntad de ponerse a escuchar la postura del gobierno argentino e interceder por él. Esto se debe a que se trata de un año electoral y la administración de Donald Trump buscará la reelección, la cual viene por ahora bastante cuesta arriba. Por lo tanto, nuestro país no contaría con la intercesión del gobierno estadounidense, un factor clave en las decisiones que toma el FMI.
En esta difícil coyuntura, fue el presidente Alberto Fernández quién instruyó al ministro de Economía Martín Guzmán a no solicitar una nueva extensión al plazo de vencimiento que tendría que tener lugar mañana martes 4 de agosto, con el fin de que los bonistas respondan si aceptan o rechazan la última oferta realizada. Lo cual, va a contramano de la postura oficial que prevalecía hasta el pasado viernes, es decir, antes del fin de semana que pasó.
En ese momento prevalecía la posición de estirar los plazos, pero algo cambió durante el transcurso del fin de semana. Y es que parece ser que la idea ahora es aumentar la presión sobre los bonistas, lo que significa hacerles creer que no habrá una nueva mejora de la oferta. De parte de los acreedores existe escepticismo al respecto, ya que estarían convencidos de que el gobierno argentino no tendrá más remedio que volver a mejorar la oferta.
A todo esto, voces calificadas de los mercados internacionales advierten que el Gobierno comete un papelón tras otro. Esto se debería, según creen, a que tiene al alcance de la mano la solución del problema tan solo con mejorar un poco la oferta. Sin embargo, la posición del oficialismo es de intransigencia en este sentido, y Argentina corre el riesgo de caer nuevamente en default. Lo cual llevaría a la sociedad argentina en su conjunto a una situación socio económica catastrófica.
