Al igual que en casi todo el país, las cárceles de Tucumán presentan falencias severas, pero el problema más grave radica en las comisarías, cuya degradación supera la media de las provincias, según Diego Lavado, integrante del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Luego de visitar algunas de esas dependencias, el comisionado que representa a las organizaciones no gubernamentales expresó que urgía tomar medidas. “Las condiciones son inaceptables. En Tucumán hay un deterioro superior al del resto del país. Es necesario hacer algo ahora porque en la Argentina la solución de la nueva cárcel puede demorar 10 años”, advirtió. Y añadió que mantener el statu quo no era una alternativa: “las comisarías están colapsadas y la situación empeorará”.
El mendocino Lavado vino a Tucumán junto a otros dos comisionados, Gustavo Palmieri y Silvina Canteros, y con un equipo de psicólogos y de abogados. La visita tuvo como objetivo iniciar una inspección en los ámbitos de encarcelamiento, y tomar contacto con las autoridades y ONG. El Comité Nacional de Prevención de la Tortura empezó a funcionar en 2018 y está formado por 13 miembros: tres diputados; tres senadores; tres de la sociedad civil; dos representantes de los mecanismos provinciales; un integrante del Poder Ejecutivo y el procurador penitenciario de la Nación. La constitución de este organismo forma parte de las obligaciones que la Argentina contrajo al suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El compromiso internacional no acaba en la Nación ni en la facultad otorgada a los comisionados de ese ámbito para entrar en las cárceles sin permiso a los fines de obtener información de primera mano para elaborar informes y recomendaciones. Lavado explicó que, en virtud del mismo instrumento internacional, las provincias debían crear sus propios órganos internos de supervisión y de control. Tucumán lo hizo en 2012 mediante la sanción de una ley que en los hechos nunca fue aplicada, pese a que la Corte Suprema de Justicia provincial exhortó a los poderes políticos a poner en marcha el mecanismo en reiteradas oportunidades (ver “Deuda”).
“Las visitas a las provincias incluyen el seguimiento de su deber de crear comisiones locales para la prevención de la tortura. En Tucumán hay una ley, pero el proceso de composición del organismo está parado hace dos años”, dijo Lavado. Y confió en que las conversaciones que él y sus pares tuvieron con los legisladores oficialistas Gerónimo Vargas Aignasse y Sandra Mendoza ayudaran a destrabarlo. La implementación de un espacio permanente de observación parece esencial para revertir la crisis carcelaria, que no cesa de agravarse. “En general, el panorama argentino es bastante desolador. En los últimos diez años se ha triplicado el número de presos. En Mendoza había 2.000 detenidos y ahora existen casi 6.500. La proyección es esa”, acotó Lavado durante una entrevista con LA GACETA.
-¿En qué consistió su misión en esta provincia?
-Hicimos una capacitación con el personal del Servicio Penitenciario. Luego fuimos a las cárceles de Villa Urquiza y de Banda del Río Salí. No tuvimos ningún problema para entrar donde quisimos y estuvimos solos. En Villa Urquiza vimos las unidades 1, 2 y 5. También visitamos la Brigada que está al lado del Ministerio de Educación, y las comisarías 1°, 2° y de Mujeres.
-¿Qué impresiones se lleva?
-Rescato como cuestión positiva que el Ministerio de Seguridad nos haya permitido trabajar con libertad. Tucumán no es una provincia ajena al crecimiento de la población carcelaria. Aquí también ocurre que la cárcel se construyó a comienzos del siglo XX: Villa Urquiza cumple 100 años el año que viene. Pero el problema más grave en Tucumán es que en las comisarías están 1.000 de los 3.000 presos que hay en la provincia. Esto es muy preocupante no sólo por el hacinamiento, sino porque las comisarías no fueron hechas para eso. La cárcel será vieja, pero al menos tiene la infraestructura y el personal. Las comisarías están abarrotadas y, además, hay gente que lleva allí hace tres años. Hay que hacer algo ahora: nosotros sabemos que para todos los gobiernos es difícil ocuparse de esto. La construcción de una nueva cárcel en la Argentina demanda alrededor de 10 años e inmediatamente después de su apertura ya está llena.
-¿Cuál es su consejo?
-Hemos estado con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en pleno y les hemos contamos lo que vimos. Creemos que lo que viene no es muy alentador por el impacto que tendrán la aplicación de la reforma procesal penal y la persecución del narcomenudeo: el número de presos aumentará. La situación está en un estado límite y lo que se avecina es peor. La única opción que queda es buscar alternativas al encarcelamiento. No todo se soluciona con la privación de la libertad. Si esta no tiene o no cumple una finalidad de rehabilitación, lejos de mejorar, la seguridad de la gente disminuye a un costo muy alto para la sociedad y el Estado.
-¿Qué otra particularidad advirtieron en Tucumán?
-El régimen contravencional ha sido declarado inconstitucional, pero sigue siendo aplicado. De hecho en la Comisaría 1° había ciudadanos detenidos por causas penales junto a otros con contravenciones.
-¿Pudieron hablar con el juez de Ejecución Penal de la capital, Roberto Guyot?
-En esta oportunidad no le hemos pedimos una audiencia, pero sí hemos recibido las quejas sobre su actuación. Hay muchos reclamos por la lentitud y la falta de información. En general, los presos no saben qué pasa con ellos y con sus procesos. La responsabilidad es doble y atañe tanto a la Justicia de Ejecución como al Ministerio Público de la Defensa. Pero volveremos para profundizar los temas que formarán parte del informe sobre Tucumán y sí hablaremos con el juez Guyot.
Autor: Irene Benito | La Gaceta
