De apuro, el oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados aprobaron hoy por unanimidad un proyecto que suspende, hasta el 31 de marzo del año próximo, los plazos que impone la ley de concursos y quiebras con el propósito de que las empresas, jaqueadas por la crisis económica, puedan ganar tiempo en el proceso de negociación de sus deudas con los acreedores y no se vean obligadas a cerrar sus puertas.
El proyecto, girado al Senado, declara la emergencia en los procesos de concursos preventivos, acuerdos preventivos extrajudiciales y de quiebra que se encuentran en trámite. Se basa sobre una iniciativa presentada por el diputado oficialista Carlos Selva y contiene varios puntos clave. Uno de ellos es que prorroga por 180 días (con posibilidad de ser extendido por otros 60 días a pedido del deudor) el período de exclusividad que cuenta el deudor para formular propuestas de acuerdo preventivo con sus acreedores.
Por otro lado, dispone la suspensión hasta el 31 de marzo de los procesos de ejecución de todas las garantías de obligaciones financieras, como así también las subastas judiciales y extrajudiciales, sean hipotecarias como prendarias.
Además, se suspende por ese mismo lapso el trámite de los pedidos de quiebra como así también se prohíben nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales y créditos de origen alimentario. En los casos de acuerdos concursales judiciales o extrajudiciales ya homologados, el plazo para el cumplimiento cumplimiento de las obligaciones asumidas por el deudor serán prorrogadas por un año desde el vencimiento originariamente previsto. Las cuotas ya vencidas e impagas serán exigibles a partir del día en que cese el estado de emergencia.
“El aislamiento social y obligatorio puso en riesgo a miles de empresas y, con ellas, a cientos de miles de empleos. Esto arruina muchos proyectos de vida. El desafío de la política es extender una mano y poner todos los esfuerzos para que los argentinos puedan mantener su pequeña empresa, su local, su trabajo formal y no caer en desesperación”, exaltó el jefe de bloque de Pro, Cristian Ritondo, autor de uno de los proyectos.
Por su parte, la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, advirtió que, de las 650.000 empresas activas, unas 100.000 van a estar complicadas con pedidos de concurso o pedidos de quiebra cuando finalice la feria judicial. Enfatizó, además, que si bien esta iniciativa no es una solución, “es un alivio porque pone una tranquera para evitar que las empresas se vayan al diablo”. “Esta pandemia nos afecta a todos, pero hay un sector al que no podemos darnos el lujo de dejar solo, al que tenemos que acompañar en esta coyuntura, que es el sector empresario”, enfatizó.
Por su parte Luis Di Giacomo, de Juntos somos Río Negro, celebró la iniciativa acordada para atender la emergencia, aunque insistió en la necesidad de abordar con más detalle una reforma a la ley de quiebras. “El problema no se resuelve con sólo suspender los plazos, como estamos haciendo. Para obtener liquidez y evitar que lleguen a la quiebra, es necesario que los pequeños deudores puedan obtener financiamiento, aún en concurso preventivo”, sostuvo.
Tras un rápido debate, el proyecto se aprobó por unanimidad con 250 votos positivos. “Quiero agradecer el trabajo de todos los bloques políticos para que en muy poco tiempo y dejando de lado vanidades, resolvamos un problema que afecta a miles de empresas y emprendedores”, celebró el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.
Las razones del apuro
La decisión de apurar esta iniciativa obedece al riesgo de que los juzgados del fuero comercial, que a partir de la semana próxima terminarán de abrir sus puertas, colapsen frente a una catarata de presentaciones por juicios, ejecuciones y demandas contra empresas que, por la crisis, no pueden afrontar sus deudas. Por esa razón, antes de celebrarse la sesión, se convocó de urgencia a la Comisión de Justicia, presidida por el diputado oficialista Rodolfo Tailhade.
“Estamos ante un problema serio -planteó Camaño-. Es probable que a partir del lunes los tribunales se vean desbordados por la cantidad de presentaciones de concursos, cheques rechazados y demás demandas. Nos lo vienen advirtiendo los sectores empresarios”. Luciano Laspina (Juntos por el Cambio) coincidió: “Lo que queremos es que no colapsen los tribunales y que no haya una quiebra masiva de empresas que, en situaciones normales, seguirían vivas”.
El apresuramiento generó, no obstante, algunos cortocircuitos entre el oficialismo y Juntos por el Cambio que, en la voz de la diputada Silvia Lopennato, reclamó que la iniciativa se debata también en la Comisión de Legislación General, que es ámbito natural de discusión de la ley de quiebras según el reglamento de la Cámara de Diputados. Por esa razón, el principal bloque opositor se abstuvo de firmar el dictamen, aunque se comprometió a dar su apoyo en el recinto.
Otro punto clave que planteó el bloque opositor es que esta ley excluya de esta suspensión de los plazos que impone la ley de quiebras a las empresas fallidas sin continuidad que ya tengan sentencia firme. “No tiene ningún sentido”, planteó el diputado Pablo Tonelli. Camaño coincidió: “No pretendemos que entren en esta ley ninguna empresa fallida y con prontuario”, enfatizó.
La oposición planteó también que, si bien está de acuerdo en dar cuanto antes una señal a la Justicia y a las empresas en dificultades económicas con esta ley, es necesario abordar con más detalle una reforma a la ley de quiebras. “Esta ley lo único que va a hacer es alargar en el tiempo la conclusión definitiva de la empresa porque no va a tener la posibilidad de refinanciarse, va a ir a pedir crédito y no va a tener la posibilidad de obtenerlo”, advirtió el diputado Luis Petri (Juntos por el Cambio). “Si vamos a suspender el concurso preventivo pero sin habilitar el acceso al crédito a las empresas, les estamos decretando la sentencia a la quiebra”, enfatizó.
Por su parte, el diputado José Ramón reclamó que se exceptuara de las suspensiones previstas a los créditos de origen alimentario, como así también que se tuviera en cuenta a las personas humanas endeudadas que no desarrollan actividades comerciales ni empresariales. Ambas propuestas fueron contempladas.
