Si bien por el momento se han formalizado solo ocho presentaciones ante esa dependencia de tribunales, se espera que la cifra se aproxime a la multitud de exposiciones públicas que poblaron las redes sociales desde que salí de servicio la aplicación que se usó para hacer desaparecer los ahorros de los damnificados.
El auxiliar fiscal Juan José Ibáñez dijo que al tomar esa decisión la Unidad Fiscal que conduce Mónica García “entendió que, además de encontrarnos ante la posibilidad de la comisión de los delitos de estafas reiteradas, también se estaría ante la posible comisión del delito de Intermediación Financiera no autorizada agravada por la difusión masiva, contemplado en el artículo 310 del Código Penal”.
Este último acto criminal “al proteger un bien jurídico nacional como lo es la estabilidad financiera y afectar intereses colectivos regulados y protegidos por entidades supraprovinciales, corresponde entender la Justicia Federal”, detalló el funcionario, quien precisó además que el viernes el ministerio público requirió al Colegio de Jueces la inmediata remisión de las actuaciones a ese fuero que, a través del magistrado Rodrigo Martearena, se pronunció favorablemente.
“Las actuaciones ya fueron remitidas a la autoridad Federal y nos encontramos a la espera de la aceptación de estas”, confirmó Ibáñez.
En las denuncias se alude a varias personas que habrían convencido a otras para sumarse a lo que aparentaba ser una plataforma de inversiones y trading. “En todos los casos los puntos de vinculación son el procedimiento de captación de fondos privados, un trader denominado Wendy y el uso de la plataforma referida. Hay varias personas mencionadas como responsables de captar inversores y es lo que caracterizada a esta modalidad delictiva. Por eso habrá que determinar caso por caso la responsabilidad de cada uno”, indicó el funcionario judicial.
Ibáñez sumó que desde que ingresaron las denuncias a esa dependencia judicial se pudo establecer que la denominación de la plataforma no fue aprobada ni habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar en el sistema financiero argentino.
“Esta cuestión es de suma importancia en razón de que este organismo en conjunto con el Banco Central de la República Argentina son los encargados de verificar y controlar la solvencia de las empresas que operan en el mercado y así evitar situaciones como estas que afectan a todo el sistema financiero” remarcó.
Comentó también que “se determinó que el prefijo del número de teléfono del contacto Wendy, participante de grupos de WhatsApp, se corresponde con un código de Rusia y Kazajistán”.
Para el investigador la pesquisa debe efectuarse de una forma integral, completa, en la que no solo se revise a las personas mencionadas en las demandas, sino también a las que están detrás de este grupo llamado PEAK Capital.
La primera especulación sobre la cifra de damnificados giraba en torno a los 4.000, concentrados en las ciudades de Concepción y Aguilares., pero la Unidad Fiscal pudo establecer que el daño alcanzó también a habitantes de otras provincias.
“Una vez que lleguen a la Justicia Federal las causas, se determinará si se hará una investigación por provincias o se remitirá todas las actuaciones a un fiscal concreto que se encargará de abordar la pesquisa del caso”, explicó Ibañez.
PEAK Capital comenzó a operar en Concepció a principios de año y las víctimas identifican al frente de la empresa inversionista al procurador Daniel Altamirano.
En los papeles probatorios que exhibieron en tribunales se sostiene que fue este hombre, sobrino de un magistrado sureño, el que comenzó a convocar a ahorristas con una propuesta de inversión en el marcado financiero.
Se desconoce el paradero de Altamirano desde que se congeló la aplicación el sábado pasado.
A través de las redes sociales se mencionan recompensas para quienes revelen datos de su paradero y de las de otras 12 personas, entre ellas tres mujeres, a las que se las considera comprometidas en la maniobra, ya que se encargaban de seducir a las hoy víctims de la monumental estafa.
