El ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, y los coimputados Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino consiguieron diferir el inicio de su juzgamiento por la supuesta comisión de hechos de corrupción cometidos con fondos mineros. Con viento a favor, el juicio oral comenzará el primer semestre de 2020 debido a que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) accedió a la práctica de dos peritajes, uno contable y otro de ingeniería civil. Se trata de operaciones arduas por la información voluminosa implicada. Las peritaciones habían sido aceptadas en mayo, pero el tribunal las activó el mes pasado. En ambos casos intervendrán peritos del Poder Judicial de la Nación, que aún no fueron sorteados.
El TOF integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Jorge Abelardo Basbus (subrogante) puso en marcha en febrero los preparativos para la sustanciación de este juicio singular. Aunque la investigación de las denuncias insumió casi ocho años, y en ella prestaron soporte técnico Gendarmería; la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), entre otros organismos, el TOF juzgó pertinente añadir las peritaciones con control de parte que habían solicitado Cudmani, Sacca, Venturino y Cerisola. Todos ellos han de rendir cuentas por la responsabilidad que, según la pesquisa, les cupo en el presunto manejo anómalo de las utilidades que la UNT recibió de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Las denuncias calculan que ingresaron $ 340 millones o U$S 85,5 millones, según la cotización de hace una década. Se trata del primer enjuiciamiento de posibles hechos de corrupción asignados a la máxima autoridad de la casa de altos estudios que fundó Juan B. Terán en la historia centenaria de esa institución.
Otra vicisitud afecta a la causa penal más allá de la demora ligada a la confección de las pruebas periciales. Sucede que la UNT se quedó sin abogado querellante a partir del mes pasado, cuando Diego Lammoglia asumió como camarista penal en la Justicia provincial. La contratación de ese profesor universitario había requerido un debate vidrioso en el Consejo Superior por los costos elevados y la sensibilidad del servicio. La UNT a cargo del rector José García aún no comunicó al TOF el nombre del reemplazante de Lammoglia. El proceso puede continuar sin querellante, pero esa opción debilitaría la posición de la institución que habría sido afectada -económica y moralmente- por los presuntos delitos atribuidos a los coimputados.
Tres clases de objeciones
El trámite de esta causa en general fue lento y complejo. Su origen se remonta a la denuncia penal que el arquitecto Ramón Eudal presentó en 2010. A ella se sumaron presentaciones de la Sigen y del peronista disidente Oscar López. Las denuncias cuestionan tres actividades distintas: 1) la relación con YMAD y la defensa de los intereses de la UNT; 2) la ejecución de obras públicas y 3) la disposición de fondos en el mercado financiero. En cuanto a este último aspecto, el requerimiento de elevación a juicio que firmó el fiscal federal N°1, Carlos Brito, consideró que Cerisola y Sacca habrían optado por una elevada exposición al riesgo sin un rendimiento que justificara (tal decisión) como contrapartida, y habrían colocado depósitos elevados a plazos largos en instituciones financieras de “menor nivel” y a tasas similares que las obtenidas para inversiones de menor cuantía en instituciones bancarias de primer nivel. Los imputados habría omitido la obligación de solicitar una opinión a la Tesorería General de la Nación y habrían concretado depósitos millonarios sin llamar a licitación pública como ordenaba la ley, y mediante meras notas de disposición de fondos carentes de formalidades.
La defensa de los intereses de la UNT en YMAD habría sido perjudicada por la falta de control de la porción de utilidades correspondiente: 40% entre 2006 y 2008, y 20% a partir de ese año -el porcentaje bajó en virtud del convenio firmado por el propio rectir Cerisola, que dio por cumplida la obligación original de YMAD-. Las utilidades repartidas antes y después nunca habrían alcanzado los porcentajes estipulados, según Brito. En cuanto a las obras ejecutadas, Cerisola, Cudmani y, en menor medida, Venturino habrían dictado órdenes y resoluciones contrarias a la ley, actos que facilitaron la corrupción en la adjudicación de los trabajos y el pago de erogaciones no previstas. El fiscal detectó que las autoridades de la UNT omitieron someter a licitación pública al menos 16 obras y pagaron sobreprecios del orden del 194%.
“Del análisis de las pruebas incorporadas a la investigación resulta prima facie que los imputados en los respectivos ámbitos de su competencia -con capacidad de decisión- infringieron dolosamente sus deberes de garantes de la preservación del patrimonio de la UNT e irrogaron un perjuicio millonario al erario”, expresó el juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, al elevar la causa a juicio. La resolución fue emitida el 18 de diciembre de 2018.
