El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán comenzó el lunes con el juicio oral y público contra los hermanos Patricia Alejandra y Maximiliano Zelaya, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre de niñas, niños y adolescentes.
Cabe señalar que en el debate intervienen el fiscal subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, de la Fiscalía General ante el TOF tucumano, con la colaboración del representante local de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Daniel Weisenberg.
De acuerdo a la acusación detallada por el sitio Fiscales, la mujer y el hombre habrían pergeñado un sistema de mendicidad organizada para explotar a cuatro víctimas y/o reducirlas a la servidumbre. Para ello, las obligaban a limpiar vidrios y pedir dinero en las esquinas más transitadas de la capital provincial.
En la primera audiencia ante el TOF -integrado por los jueces Enrique Lilljedahl, Carlos Jiménez Montilla y Jorge Basbus- se reprodujeron los testimonios de las cuatro víctimas, que durante la investigación declararon bajo la modalidad de Sala Gesell, y testificaron las profesionales a cargo de la asistencia y rescate de las personas damnificadas.
La investigación, desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán, a cargo de Carlos Brito con apoyo de la representación local de la PROTEX, comenzó en 2016, a raíz de una denuncia de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Tucumán (DINAyF) que deba cuenta de la posible situación de explotación laboral de niños, niñas y jóvenes.
Estos menores eran obligados a mendigar y limpiar vidrios de vehículos en algunas de las esquinas más transitadas de la capital tucumana. En el marco de la investigación se acreditó que las víctimas -menores de edad- se hospedaban en la vivienda de Patricia Zelaya, en la localidad de Los Pocitos.
La mujer las obligaba a trasladarse hacia distintos puntos de la ciudad para mendigar, limpiar vidrios y vender objetos para obtener dinero, que debían entregarle. Su hermano Maximiliano, era quien controlaba a las víctimas en los lugares de explotación. También, durante la pesquisa se constató que algunos de los hijos de la mujer habían denunciado haber sido víctimas de ese sistema de explotación.
Una vez que se acreditaron las situaciones de explotación, se dio intervención a la DINAyF para el rescató de las víctimas. En ese contexto, las personas denunciadas fueron procesadas por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en concurso con reducción a la servidumbre. El cual está agravado en todos los casos por el aprovechamiento de las situaciones de vulnerabilidad y por la multiplicidad de víctimas, así como también por la minoría de edad de varias de ellas.
