Silvia Gómez y Beatriz Giménez complicaron la situación de su jefe, el funcionario municipal Agustín Ruiz, en la causa penal que le atribuye la supuesta comisión del delito de exacciones ilegales agravadas.
Las testigos negaron lo que Ruiz declaró como imputado: que ellas presenciaron un diálogo entre el director de Empleo e Intermediación Laboral, y concejal electo, y los empleados Dora Beatriz Cura y Víctor Hugo Heredia, quienes denunciaron en marzo de 2016 que aquel les había pedido el 60% ($ 5.000) del sueldo de $ 8.000.
La fiscal Adriana Reinoso Cuello llamó la atención acerca de esa inconsistencia al requerir el juzgamiento de Ruiz, dice La Gaceta. El imputado rendirá cuentas sobre esos posibles hechos ilícitos ante la Sala II de la Cámara Penal de esta capital el jueves a partir de las 8.
El juicio oral del colaborador del intendente Carlos Najar es un acontecimiento judicial inusual: aunque las versiones sobre exacciones ilegales son corrientes, las investigaciones raras veces o casi nunca llegan a juicio oral.
En el proceso de Ruiz, que en los comicios del 9 de junio ganó una banca en el Concejo Deliberante mediante un acople a la boleta del peronista Najar, incidió el hecho de que los denunciantes Cura y Heredia presentaron una grabación de la reunión en un bar del Hiper Libertad donde, según su relato, Ruiz les había exigido la entrega del dinero.
El agente Gabriel Sleiman confirmó el encuentro y la petición, mientras que otra subalterna del imputado, María Pastora Cholffi, expresó que la entrega de parte del sueldo “estaba como pactada” y relató la práctica, a la que dijo adherir de manera voluntaria.
Además de citar aquellas pruebas, Reinoso Cuello tuvo por acreditado que, a posteriori de la apertura de la causa, Ruiz habría amenazado y presionado a Cura y a Heredia para que retiraran la denuncia penal.
Aquellos expresaron que el imputado les impidió volver a sus puestos de trabajo, y que incluso destruyó sus planillas de asistencia a la Oficina de Empleo e Intermediación Laboral de Las Talitas.
La pesquisa también expuso otra anomalía: que en los recibos de sueldo de los querellantes figuraba que trabajaban para la Comuna de El Mollar.
En la declaración indagatoria de junio de 2016, Ruiz narró que Cura y Heredia “no volvieron a ir” a la repartición después de la conversación en el bar del Libertad.
“Luego, (ambos) aparecieron por mi oficina. En ese momento estaban dos personas más acompañándome, Silvia Gómez y Beatriz Giménez. Ellas estaban presenciando la reunión como garantes. Yo les dije a Cura y a Heredia que, como ellos tenían un contrato que los vinculaba a la Comuna de El Mollar, contaban con todo mi apoyo para trabajar allí”, relató el imputado en la Fiscalía de Reinoso Cuello.
Las “garantes” dijeron, a su turno, que se quedaron en la puerta del despacho. “Conviene colocar especial énfasis en el fragmento de la declaración indagatoria de Ruiz en la que dijo que había hablado con Heredia y Cura en presencia de dos agentes. No obstante ello, Gómez y Giménez declararon el 8 de agosto de 2016, y no confirmaron el relato del imputado. Ambas sostuvieron que solamente se limitaron a abrir la puerta de la oficina del director a Heredia y a Cura, y que no presenciaron la reunión de aquel día, tal y como expresó Ruiz”, cuestionó la fiscal.
Las explicaciones del director de Empleo e Intermediación Laboral, que conservó su cargo todo este tiempo, resultaron insuficientes para deslindar su responsabilidad penal, según Reinoso Cuello.
Ruiz admitió que se encontró con Heredia, Cura, Cholffi y Sleiman, pero aseguró que únicamente les solicitó una “ayuda comunitaria voluntaria” al tiempo que desvinculó de esta iniciativa al intendente Najar.
“Sólo les pedí una porción del sueldo para ayuda comunitaria: de hecho yo también la hago”, dijo. Y agregó: “nunca me quedé con dinero de nadie. Como había habido una mejora del sueldo, yo les transmití (a los empleados citados) que con mayor razón su compromiso social tenía que ser mejor. Al intendente lo conozco porque trabajo con él desde hace muchos años, pero nunca me dio ninguna directiva en cuanto a pedir dinero de los empleados ni nada parecido. Como dije: eso fue una idea mía”.
Consultado al respecto el domingo, Najar expresó que desconocía el proceso penal y que Ruiz había mantenido el cargo porque lo amparaba la presunción de inocencia.
