La inseguridad de cada día es un mal con el que deben convivir los tucumanos desde hace tiempo. Pero también, debe sumarse el hecho de que la provincia se volvió tan rápidamente una tierra fértil para los negocios del narcotráfico que no nos dimos cuenta. Mucho menos parecen haberlo notado las autoridades gubernamentales. Lo ocurridos ayer en Villa 9 de Julio es apenas una muestra de esto.
Que a puros balazos se tratara de concluir una nueva batalla por el dominio territorial de la zona entre dos grupos que se disputan la venta de droga, es algo que debería llamar profundamente la atención del Gobierno. Sin embargo, nada de eso ocurre y la inmensa mayoría de los habitantes conoce lo que sucede en este barrio de la capital tucumana. Entonces ¿Cómo puede ser que el gobierno local no lo sepa y no haga nada al respecto?
Como si se tratara del lejano oeste, hemos naturalizado que mediante tiroteos se resuelvan las diferencias entre estos grupos. En este marco, los vecinos de Villa 9 de Julio se encuentran aterrados, por lo que no es posible que pueden aportar dato significativo alguno a la hora de recoger testimonios, lo cual complica todavía más la posibilidad de avanzar contra los verdaderos responsables de esta pesadilla.
El Gobierno deberá tomar nota de esto teniendo en cuenta el antecedente de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, que sufre desde hace años el problema del narcotráfico. Esta problemática es tan compleja debido a que ha llegado a infiltrar todos los poderes del Estado. Y es que, claramente, la venta de drogas y el control territorial por parte de bandas delictivas no podría llevarse a cabo sin contar con la anuencia de las autoridades.
Y es que, de lo contrario, no se logra entender cómo puede haber tamaña inacción de parte de los gobernantes, teniendo en cuenta la cantidad de vidas que destroza la comercialización de la droga. Pero el dinero que moviliza el narcotráfico es tan grande que permite comprar voluntades por doquier y silenciar conciencias al tiempo que se vende el alma de los representantes del estado a cambio del dinero sucio de esta actividad.
No es casualidad que hace algunas semanas, el Gobierno de Tucumán se viera envuelto en un escándalo que traspasó fronteras, como es el caso del trabajador del Siprosa que cruzó la frontera Santiago del Estero – Tucumán portando una importante cantidad de droga. Sin embargo, todo hace presumir que la investigación no irá más allá para no afectar a importantes dirigentes, sean políticos, legisladores provinciales o encumbrados sindicalistas locales.
Tampoco es casualidad la cantidad de dinero sin rendir cuentas que se gastan en las elecciones. En ese, sentido el 2021 será un año marcado por las elecciones legislativas en las que los punteros políticos buscarán quedar bien ante sus respectivos jefes. Y para ello, hace falta dinero y mucho, el cual a los narcotraficantes les sobra. Claro que nada es gratis y tarde o temprano los favores se cobran, mientras la sociedad paga ese tipo de accionar con muertos.
