El Concejo Deliberante de Yerba Buena le propinó un duro golpe al intendente de esa ciudad, Mariano Campero. El cuerpo rechazó por unanimidad un decreto mediante firmado por el jefe municipal, que afectaba parcialmente el Código de Planeamiento Urbano (CPU) de la “Ciudad Jardín”; en particular, en lo que respecta a la zona del “casco viejo”. El decreto original, N° 776, estaba fechado el 25 de noviembre del año pasado. El 18 del mes pasado se redactó uno nuevo que, en realidad, contenía el mismo texto
Pero con el agregado de que el documento se emitía ad referendum del Concejo Deliberante. “Defínase en las 25 manzanas que conforman la antigua Villa Marcos Paz, delimitada por avenida Aconquija hacia el norte, Boulevard 9 de Julio hacia el sur, calle Anzorena al este y calle Belgrano al oeste (…) un nuevo valor a los coeficientes FOS y FOT para emprendimientos en propiedad horizontal, tanto en obras nuevas como en ampliaciones y/o remodelaciones”, dice el artículo 1 del decreto.
Los coeficientes mencionados mediante sus siglas significan Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y Factor de Ocupación Total (FOT). Ambos determinan el porcentaje máximo del terreno a ocupar con una edificación en planta baja. El artículo 5 daba bandera verde a la posibilidad de que se construya hasta una altura de seis metros. El viernes 18 del mes pasado, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Yerba Buena, Manuel Courel, había precisado que no se trataba de una modificación al CPU.
Por un lado, había explicaba que, al CPU, de 1994, le había seguido una ordenanza que de alguna manera contradecía la norma original, y que con decreto buscaban zanjar esa contradicción normativa. Por otro lado, querían preservar la identidad de la zona, con una actualización a la realidad de crecimiento que viene mostrando Yerba Buena. Ayer, sin embargo, los concejales no estuvieron de acuerdo con esas argumentaciones, y el decreto fue rechazado por unanimidad.
“Lejos de ser meramente reglamentario, como sostenía el departamento Ejecutivo, el decreto modificaba sustancialmente el CPU, porque cambiaba el uso de una zona determinada, tan importante como lo es el ‘casco viejo'”, manifestó Lisandro Argiró. Consideró que el documento directamente apuntaba a cambiar la fisonomía de esa zona de la “Ciudad Jardín”. “Y eso amerita la discusión honesta de todos los poderes del Estado, con participación de la ciudadanía y de los entes profesionales. Nunca de la manera en que se pretendió hacer”, puntualizó Argiró. El edil pidió mesura a los funcionarios municipales.
“Es muy raro pretender modificar el CPU mediante un decreto; es inconstitucional. Quizá lo hicieron por error o por desconocimiento; pero es peligroso. Debe primar la calma y deben levantar el pie del acelerador, y empezar a hablar de qué se quiere hacer. Se está instalando el discurso de que es imperiosamente necesario cambiar el CPU, y no sé si es tan así. Pero, de cualquier manera, no correspondía ese decreto”, finalizó. Alejandro Sangenis (h) hizo hincapié en el argumento de inconstitucional que, a su criterio, pesaba sobre el decreto.
“Avanzaba sobre una materia propia del Concejo Deliberante, lo que implicaba una clara violación del principio de división de Poderes. Lo rechazamos porque presentaba una causa de nulidad manifiesta, como es la incompetencia del intendente Campero para fijar las delimitaciones de la ciudad y la altura de los edificios”, dijo. La unanimidad del cuerpo implicó el voto de nueve de los 10 concejales, porque el presidente del cuerpo, Rodolfo Aranda, estaba a cargo del departamento Ejecutivo debido a que Campero se encontraba en Santiago del Estero, junto al ex funcionario macrista Alfonso Prat-Gay.
