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Economía caliente: las dudas por el rumbo y el elenco del Gobierno cuando el dólar y los precios queman

Tras las elecciones, el sector privado espera definiciones políticas que logren encauzar la economía; el gabinete económico está en vilo; qué pasará con los precios y con el dólar en el nuevo capítulo que se abre

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Descacharreo

Para atravesar el desierto electoral, el Gobierno eligió el camino más pedregoso para la economía. En ese rumbo profundizó tensiones ya existentes en el mercado y evitó correcciones que pasarán una factura más abultada a los argentinos en el futuro. Hoy finalmente se alcanzó el borde y ahora se asoma al abismo. En el mundo económico no dudan: habrá cambios. Salvo un suicida, nadie salta intencionalmente al vacío. Las incertidumbres entre economistas y hombres de negocios son hacia dónde girará el oficialismo -cuidando la gobernabilidad de los próximos dos años o privilegiando la carrera electoral 2023-, y quién conducirá el timón.

¿Moderación o radicalización?, es la pregunta de fondo. El desconcierto es total para el mercado. La actividad productiva se mueve en cámara lenta, sobre todo las inversiones reales (más allá de los anuncios); las finanzas corren, con dólares a precios de pánico superando los $200 o $215, si se miran las cotizaciones del informal o los financieros sin intervenciones oficiales. Si en la dimensión política, las PASO dejaron entrever que el cristinismo –el ala más radicalizada del Gobierno- avanza sobre la propuesta más racional de Alberto Fernández y sus ministros, la dimensión económica indica que no hay margen para populismo sin reservas líquidas en el Banco Central (BCRA) y con una marea de pesos pujando por dolarizarse.

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No hay analista político, empresario, economista o trader que no espere saber con ansias si la próxima carta de Cristina Kirchner se parecerá a la previa al aniversario de la muerte de Néstor Kirchner del año pasado (el 27 de octubre de 2020), cuando en medio de la escalada del dólar blue decretó que el que tomaba las decisiones era Alberto Fernández, o si la misiva vicepresidencial tendrá el tono similar a la post-PASO 2021, en la que marcó cuál debería ser el rumbo. Lo que es claro es que todos mirarán el buzón del Instituto Patria y no el de Casa Rosada.

En ese sentido, a la incógnita del GPS se suma el del elenco. El gabinete económico sigue siendo “albertista”. Allí están Martín Guzmán, Miguel Pesce, Matías Kulfas y Claudio Moroni. Sin embargo, quien dio una conferencia de prensa en Casa Rosada para hablar del dólar, la inflación, el valor de los combustibles, y las reservas internacionales del BCRA, fue el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, hombre que depende directamente de Cristina Kirchner.

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Guzmán, como le sucedió a Nicolás Dujovne, es sostenido por las estancadas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo contradicen en privado Cristina Kirchner, La Cámpora, y Sergio Massa. También se refuta él mismo cuando, en medio de la campaña y empujado por su instinto de supervivencia, pasó explicar que la inflación era un problema macroeconómico a señalar que era culpa de los empresarios. ¿Puede un ministro de Economía alinear las expectativas del sector privado –que empeoraron frente a comienzos de año cuando había confianza en él desde el empresariado- si no puede elegir ni siquiera a sus subsecretarios en el Palacio de Hacienda? Si hay el plan de Guzmán finalmente aparece, ¿el sector privado creerá en él? Son preguntas clave.

El ministro de economía Martín Guzmán en Comodoro Rivadavia
El ministro de economía Martín Guzmán en Comodoro RivadaviaMECON

Tal danza de indefiniciones encastra en una macroeconomía sumamente inestable por años de déficit fiscal, alta inflación, volatilidad cambiaria y recesión, a lo que se sumó la pandemia y la cuarentena. No por nada el “Rodrigazo” suena como espejo de esta época. Es una comparación injusta. El déficit fiscal primario en el 75 (más parecido al de la cuarentena de 2020) fue más del doble del que se registrará este año. Pese a que será un rojo elevado, Guzmán acotó este año el déficit licuando jubilaciones e ingresos con alta inflación, subiendo impuestos o creando nuevos y gracias a los recursos extra que encontró por los elevadísimos precios internacionales.

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El Gobierno cree que la economía terminará este año con una recuperación del 9%. No alcanzará el nivel con que terminó en 2019, tras dos años de recesión e inestabilidad extrema. Es cierto que hay sectores como la industria y la construcción que mejoraron esos niveles. Otros están muy por debajo, pese a que muestran mayor vitalidad tras el fin de las restricciones. Sin embargo, las proyecciones indican que en 2022 el alza del PBI será de entre 1,8% y 2,2%, mucho más moderadas. Con la foto de hoy, varios analistas ven llegar a la Argentina en 2023, año de elecciones presidenciales, al peor de los cuadrantes: la estanflación.

La suba de los precios

La inflación de este año, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), cerrará entre 50% y 51%, una variación similar a la que registró Mauricio Macri sin pisar las tarifas (en rigor, las congeló un semestre) y el dólar oficial. Se trata de variaciones por arriba de la segunda meta de Guzmán (45,1%) para 2021. El ministro espera 33% para 2022; mientras que el mercado prevé 48,9% gracias a la inflación reprimida este año. Para los especialistas no hay dudas. Si el Gobierno sigue congelando todo habrá alta inflación. Si hace correcciones, también.

El riesgo latente de que este año se convierta en el cuarto con licuación de salarios se mantiene pese al leit motiv de campaña del Frente de Todos. Varias encuestas entre empresas, como la que publicó Adecco semanas atrás, estiman que las firmas líderes ven sueldos corriendo atrás de los precios. Esta situación amenaza con profundizar la crisis de pobreza en el país, donde el empleo de calidad mejora, pero menos que el público (el primero sigue debajo del nivel de 2019).

El acuerdo con el FMI estuvo cerca en mayo o junio. La campaña oficial, hostil hacia a ese acreedor, lo estiró con costos políticos y financieros. Los ruidos sobre un stand-still, un waiver, o un acuerdo light desde Glasgow revivieron la calificación de “curita temporal” (Alejandro Werner dixit) para un acuerdo con el Fondo a la hora de determinar si una conclusión positiva modificará las expectativas económicas en los próximos dos años. La pregunta que se abrirá hoy será, en definitiva, si un acuerdo de Facilidades Extendidas a diez años –con cuatro de gracia-, reformas estructurales, ajuste y eliminación de la brecha es digerible para una fuerza que quiere ganar 2023. El país debe pagar al Fondo 18.000 millones de dólares -que no tiene- en 2022.

Georgieva y Fernández en el G20
Georgieva y Fernández en el G20

El buen precio del trigo y la mejora de la cosecha de soja (por cantidad; por su valor cae ya un 28%) en 2022 sostendrán el ingreso de dólares. Pero la deuda, la creciente factura de la energía importada (crecería un 60%, de US$4500 millones a US$7500 millones) y los incentivos a la población y al comercio exterior (la brecha cambiaria) mantendrán a las reservas bajo fuego. Sin dólares no hay bienes –hoy faltan 0km- o insumos importados. Sin insumos o bienes de capital se frena el rebote de la economía. Para exportar más se necesita eliminar la brecha.

Al cocktail de falta de dólares se agrega que sobran pesos y nadie los quiere. En 2022 se mantendrá la emisión, que seguirá financiando el déficit fiscal estimado, según el presupuesto (se usarán 1,8 puntos del PBI en adelantos transitorios; este año llegarían a 3,6 puntos).

“El año pasado, cuando la brecha cambiaria llegó a ser del 150%, había muchas voces diciendo que iba a haber un enorme salto devaluatorio. No sucedió”, dijo Guzmán semanas atrás. Su dólar oficial para el año que viene es de $131,1; el mercado no le cree –consecuencias de congelar el precio durante todo 2021 con pocas reservas y sin plan- y espera uno de $158,9. Allí se preguntan sólo por el modo del mayor debilitamiento del peso: crawling-peg (mini devaluaciones) o un salto cambiario más brusco. Con la lengua afuera (de todos los argentinos), el “plan aguantar” del Gobierno llegó a la fecha designada, y en ese mismo acto, firmó su caducidad. Se abre un nuevo capítulo.

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