Desde hace años los planes sociales en Argentina han sido eje de debates de los distintos sectores políticos. Defendidos por unos, defenestrados por otros. Lo cierto es que en la última década los planes con fines asistenciales fueron en aumento en medio de un país sumergido en una crisis económica y social que parecería no tener fin.
El Diario La Nación publicó un informe donde se revela el protagonismo que tienen los planes sociales en el país, el mismo indica lo siguiente:
– El 55% de las personas que habitan la Argentina estuvo alcanzada por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria. Ese número era 32,9% en 2010 y de 40,3% cinco años después. Mauricio Macri dejó la presidencia con un 43,8% y Alberto Fernández lo llevó, en plena pandemia, a 55%.
– En los últimos 10 años, se duplicó el número alcanzado por ayuda alimentaria para los hogares. En 2010, un 24,4% recibía algún auxilio estatal. Este año, ese indicador ya está en 47,4%, prácticamente el doble.
– El 83,% de la población de nivel socioeconómico muy bajo tiene asistencia alimentaria así como el 68,3% del nivel bajo. El 43,7% de los sectores medios bajos son socorridos por el Estado con alimentos. El 11,8% de la población con nivel socioeconómico medio alto también recibe alimentos o dinero para comprarlos.
– La mayoría de esos más de 22 millones de habitantes del país que recibe un programa alimentario percibe otros montos como, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a 4 millones de madres. En ese hogar podría haber, además, un cobro por el Plan Potenciar Trabajo, que tiene una meta en el Presupuesto 2021 de 870.000 beneficiarios y que, según datos del Presupuesto Nacional, reservó para este año 101.000 millones de pesos, algo así como 276 millones de pesos diarios u 11,5 millones de pesos por hora.
– También se podría sumar el Plan Progresar, si el beneficiario se anota en un programa de educación superior, antes de la pandemia, este beneficio tenía vigentes 578.000 becas.
– Si hay hijos menores de seis años, un hogar tendrá la Tarjeta Alimentar, que distribuyó alrededor de 300 millones de pesos por día, repartidos en 1.567.751 créditos prepagos que se acreditan todos los terceros viernes de cada mes. De acuerdo a la cantidad de menores ($4000 por un hijo y $6000 por dos o más) será el importe a consumir, y con ellos se podrá comprar cualquier producto de supermercado menos bebidas alcohólicas.
Superposición de planes
¿Eso es todo? Pues no. Un hogar o sus integrantes también podrían estar anotado en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que consiste en “la promoción y el fortalecimiento del acceso a la canasta básica de alimentos”. Traducido: entrega de alimentos supuestamente muy saludables desde la seguridad nutricional, como harina de trigo, harina de maíz, pastas secas, panificados envasados del tipo galletitas dulces y saladas, tomates en lata, azúcar y yerba.
En épocas de pandemia, a ese núcleo familiar seguramente también le llegó el IFE, el ingreso de emergencia con el que el Gobierno socorrió a 8,9 millones de argentinos en medio de la crisis por el coronavirus.
Laberinto sin salida
La política construyó el más notable laberinto que se pueda imaginar en materia de planes sociales. Sedimentó, además, un Estado que tiene 3,7 millones de empleados públicos. Según un trabajo de Roberto Cachanosky realizado en 2019, también le pone dinero en el bolsillo todos los meses a 19,5 millones de personas entre planes sociales, jubilaciones, pensiones, seguros de capacitación y desempleo y, por supuesto, empleados estatales o de empresas oficiales. Casi la mitad del país pasa por ventanilla del Estado.
En 2020, esos prácticamente 20 millones seguramente se hicieron más, aunque no se sabe cuánto. El IFE sumó 8,9 millones y el pago de salarios al sector privado, ATP, benefició a 328.000 empresas que ingresaron en al menos una oportunidad, con alrededor de 3,07 millones de empleados. También, la mencionada Tarjeta Alimentar, con 1,5 millones más.
Para completar el relevamiento, se debería golpear la puerta de cada una de las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires y los casi 1300 municipios. Aparecerán miles de planes sociales, la gran mayoría con escaso control, con funciones similares y beneficiarios que se repiten en muchos de ellos.
Con este escenario, escapar de la politica clientelar estaría siendo un objetivo muy dificil de cumplir.
