Aunque está vigente la ley que obliga a quienes superaron el filtro de las primarias de septiembre a presentar las declaraciones juradas de bienes, en Tucumán no es posible conocer los patrimonios del 80% de los candidatos. Ocurre que 43 de los 55 ciudadanos que se postulan omitieron la presentación de sus patrimonios, según se desprende de la consulta practicada ayer a la base de datos de acceso público de la Oficina Anticorrupción (OA). La obligación de entregar los datos había vencido el 15 de octubre pasado.
En términos de agrupación se destaca el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT). Diez de los 11 candidatos de esta alianza observaron el deber previsto en la Ley 26.857: sólo está en falta Marta Navarro, suplente en tercer término de la nómina para la Cámara de Diputados (se informa por separado). En la OA también están disponibles las declaraciones juradas patrimoniales de Pablo Yedlin, candidato titular en primer término para senador del oficialismo (Frente de Todos -FdT-), y de Beatriz Ávila , candidata titular en segundo término para el mismo cargo de Juntos por el Cambio. Ambos son diputados nacionales en este período y, por esa razón, deben actualizar anualmente la información suministrada a la Oficina Anticorrupción por imperio de la Ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
El escenario de incumplimiento verificado permite en este punto presentar los bienes de tres de los 10 candidatos que encabezan sus respectivas boletas: Yedlin (FdT), Martín Correa Tejerizo (FIT) y Alejandra Arréguez (FIT). Mientras que el primero declaró que al cierre de 2020 tenía $ 17,4 millones, Correa Tejerizo consignó bienes por $ 2,7 millones. Arréguez, por su parte, informó que su patrimonio asciende a $ 34,39. Quedan afuera del informe los activos y pasivos de Rossana Chahla (FdT); de Germán Alfaro y Roberto Sánchez (Juntos por el Cambios); de Federico Masso y Florencia Guerra (Frente Amplio por Tucumán), y de Ricardo Bussi y Josefina Bussi (Fuerza Republicana.
Interrogados respecto de la omisión de exponer los bienes, los candidatos, apoderados y voceros expresaron este miércoles que no estaban al tanto de la obligación prevista en la Ley 26.857 sancionada el 23 de mayo de 2013. Esa reforma prosperó en el ámbito de iniciativas para la democratización y la transparencia institucional promovidas por el entonces Gobierno de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La normativa establece que quienes no hayan presentado sus declaraciones juradas en el plazo correspondiente serán intimados en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción (OA) para que lo hagan en el plazo de 15 días. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.
Jaldo y Pecci, eximidos
Con matices, la consulta acerca de las manifestaciones faltantes tomó por sorpresa a los responsables de la campaña, y principales figuras del Frente Amplio por Tucumán, Fuerza Republicana, Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Dos colaboradores de Alfaro, y los propios Sánchez y Bussi se comunicaron entre el jueves y el viernes para anunciar que ya se habían puesto al día, pero las declaraciones juradas siguen sin estar disponibles en la OA (es posible que esas novedades requieran unos días adicionales para impactar en el sistema).
“No tuvimos presente el asunto. Lo subsanaremos cuanto antes”, prometió Masso, quien, a continuación, se comunicó con el Juzgado Federal N°1 y constató que debía realizar el trámite pendiente directamente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). “Se nos pasó el plazo”, admitió Bussi la semana pasada. “No estaba al tanto”, manifestó Sánchez.
“No sabía (que debía presentar una declaración jurada). Consultaré a mi contador y lo haré de inmediato”, respondió Sandra Mendoza , candidata titular a senadora en segundo término del oficialismo. Entre los incumplidores del Frente de Todos está Juan Manzur, gobernador con licencia, jefe de Gabinete de la Nación y primer suplente para la Cámara Alta. El equipo de prensa del funcionario se comprometió a averiguar qué había ocurrido, pero no hubo una respuesta oficial. Al igual que Yedlin y que Ávila, Manzur debe exponer sus bienes en su condición de autoridad nacional dentro de los 30 días hábiles contados a partir del 20 de septiembre, cuando juró como jefe del Gabinete del presidente Alberto Fernández (se informa por separado). Tampoco fue posible conocer qué había acontecido respecto de Chahla, ministra de Salud provincial y lideresa de la boleta oficialista para Diputados.
El vicegobernador y mandatario interino Osvaldo Jaldo quedó eximido de presentar la declaración jurada a la Oficina Anticorrupción al renunciar a la candidatura a diputado, lo mismo que Nadima Pecci , quien encabezaba la lista de Fuerza Republicana para la Cámara Baja. En Tucumán rige desde 1973 la Ley 3.981 que garantiza el secretismo de los patrimonios de los funcionarios públicos provinciales y hasta penaliza la divulgación de aquella información (se supone que los sujetos obligados deben hacer las presentaciones ante organismos de los respectivos poderes que integran al momento de llegar y luego actualizarlas en el caso de modificación sustancial del patrimonio declarado). Por ese motivo el seguimiento periódico de la evolución patrimonial sólo puede ser practicado respecto de los funcionarios públicos con cargos en la Nación desde la candidatura en el supuesto de los puestos electivos o desde el juramento cuando se trata de designaciones.
Las declaraciones juradas de la OA están reguladas por la Ley 25.188. Estas planillas reflejan las valuaciones fiscales de los inmuebles, que están muy atrasadas respecto de los valores de mercado. Por eso aparecen números distantes de la realidad, que “achatan” las fortunas. La información entregada a la OA sirve, entonces, para dar una idea a grandes trazos sobre los bienes particulares de las autoridades públicas. Los patrimonios reales son, en casi todos los casos, superiores a los declarados.
Un deber mayoritariamente incumplido: qué candidatos presentaron la declaración jurada de bienes
Para la Cámara de Diputados
Alejandra Arreguez, Juan José Paz, Clarisa “Lita” Alberstein, Víctor Santillán, Karina Tejerina y Cristian Luna (todos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores)
Para la Cámara de Senadores
Martín Correa Tejerizo, Gabriela Gramajo, Iván Orellana y Pía Mustaqui (todos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores), y los diputados Pablo Yedlin (Frente de Todos) y Beatriz Ávila (Juntos por el Cambio)
Declaraciones juradas disponibles de cabezas de listas
Candidaturas a senador
Pablo Yedlin (Frente de Todos)
$ 17,4 millones / Patrimonio 2020
Este patrimonio aumentó el 39% entre 2019 y 2020. Yedlin declaró seis casas ($ 7,4 millones) y el 33,3% de otras dos ($ 2,7 millones); las camionetas Ford Ecosport modelo 2012 ($ 0,01) y Honda CRV Todoterreno ($ 1 millón), y depósitos en pesos ($ 420.000) y en dólares (U$S 6.800 o $ 570.000). Su activo más valioso es una tenencia en efectivo de $ 3,7 millones y de U$S 12.000 ($ 1 millón). El patrimonio neto asciende a U$S 105.000 (tipo de cambio libre al 30 de diciembre de 2020).
Martín Correa Tejerizo (Frente de Izquierda)
$ 2,7 millones / Patrimonio 2021
No es posible saber cuál fue el aumento interanual del patrimonio puesto que no está disponible la información de 2020. Correa Tejerizo declaró que posee dos bienes: un auto Chery Tiggo modelo 2018 y una motocicleta BMW F 800 GS valuados respectivamente en $ 1,7 millones y $ 1 millón. El candidato no detalló otros activos ni pasivos. El patrimonio neto asciende a U$S 14.000 (tipo de cambio libre al 29 de octubre de 2021).
Candidatura a diputado
Alejandra Arreguez (Frente de Izquierda)
$ 34,39 / Patrimonio 2020
Arreguez perdió casi todo su patrimonio en 2020. Según se desprende de la declaración jurada, la candidata a diputada comenzó el año con $ 19.900 depositados en una caja de ahorros. Al cierre del período, dicha cuenta registraba un saldo de $ 34,39. Arreguez no informó otros bienes ni deudas. El patrimonio neto asciende a U$S 0,20 (tipo de cambio libre al 30 de diciembre de 2020).
Manzur
Obligado por partida doble
El gobernador con licencia tucumano, Juan Manzur, se encuentra en una situación particular ante la Oficina Anticorrupción: tiene una obligación doble de presentar la declaración jurada inicial de bienes. Por un lado, Manzur debe exponer su patrimonio por ser candidato suplente a senador en primer término de la lista oficialista. Por el otro, por haber asumido como jefe de Gabinete de la Nación tras las primarias. Bastaría con presentar un patrimonio para cumplir con ambos deberes (es la misma manifestación de bienes). El plazo para observar la regla atinente a la candidatura venció el 15 de octubre, situación que coloca a Manzur en una posición de incumplimiento junto a los restantes 42 postulantes tucumanos (ver por separado). El término para presentar la declaración jurada por la condición de funcionario nacional se extiende durante 30 días hábiles a partir del juramento, que en este supuesto ocurrió el 20 de septiembre, y cuyo vencimiento operaría este miércoles 3 de noviembre.
Autor: Irene Benito – LA GACETA
