El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la independencia de Magistrados y Abogados recibió a una delegación argentina en Lima, Perú en la que le reclamaron por la independencia judicial en la Argentina. A la cabeza de la delegación estuvo Maximiliano Rusconi, socio fundador de Iniciativa Justicia y abogado de Julio De Vido.
También se reunieron con Diego García Sayán José Ernesto Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social de La Plata.
Rusconi, Schulman y Desojo le entregaron una carta a García Sayán en la que resaltaron “la situación de gravedad institucional por la que atraviesa el sistema de justicia en nuestro país“. “Sin Poder Judicial independiente no hay límite al poder, y con ello, no hay República, tampoco hay Estado de Derecho y la vida en comunidad sería directamente inimaginable. Nuestro país atraviesa, en particular desde la asunción del gobierno actual, una de las peores crisis institucionales que haya involucrado el rol del poder judicial”, resalta la misiva.
La carta además enumera una serie de situaciones que serían ejemplos de esto que denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la independencia de Magistrados y Abogados, como el “intento de nombramiento de dos miembros de la Corte Suprema de la Justicia por Decreto de Necesidad y Urgencia sin acuerdo del Senado“; la “elección discrecional de jueces”; la “pública presión para que los jueces que hubieran firmado fallos perjudiciales para los intereses del gobierno renuncien”; una “presión a los jueces para promover un uso irracional de la prisión preventiva con fines de desprestigio del sector político opositor”; y la “utilización indebida de escuchas presuntamente ilegales, a ex funcionarios hoy privados de su libertad, con fines políticos”; entre otras.
En la carta, Rusconi, Schulman y Desojo pidieron que el “sistema universal o regional de protección de los Derechos Humanos intervenga de modo urgente a favor de la protección de las garantías básicas individuales y del principio orgánico de independencia judicial, esencial para la subsistencia republicana”.
“Es por ello que, si correspondiera, de acuerdo a las importantes prioridades universales que rodean a la Organización de la Naciones Unidas, se requiere la visita del relator a nuestro país, en lo posible durante el corriente año. En esa ocasión, podrá recibir diagnósticos precisos, suficientemente ilustrados y probados de parte de personas físicas, organismos no gubernamentales preocupados por la temática y, eventualmente de parte de funcionarios de diversos sectores de la administración que tengan suficiente valentía como para colocarse en esta encrucijada del lado de la dignidad de los individuos”, concluyó la misiva.
En un comunicado, la Liga Argentina por los Derechos Humanos aseguró que “desde que asumió Cambiemos la administración del Estado ha recibido numerosas denuncias colectivas y pedidos de intervención firmados por Abuelas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos Humanos”.
“En los mismos se puede leer un informe que califica al accionar del Poder Ejecutivo como ‘un plan sistemático y estructural de cooptación del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura’ con tres objetivos: la persecución de los jueces independientes, el armado de causas fraudulentas como método de persecución de los opositores y la digitación de los nuevos jueces”, detalló la organización.
