Si bien la potestad más conocida del Consejo de la Magistratura es la de seleccionar a jueces federales de primera y segunda instancia, también es un órgano que inicia el procedimiento de remoción de dichos jueces, ejerce facultades disciplinarias sobre ellos, administra los recursos del Poder Judicial y dicta el reglamento para la Justicia.
La Ley Suprema que lo ha creado en 1994 solamente establece que debe estar integrado, equilibradamente, por jueces, abogados y representantes de los órganos políticos cuyos miembros son elegidos por el pueblo (es decir, el Congreso y el Poder Ejecutivo) Por fuera de ese “equilibrio” también deben integrarlo representantes del ámbito académico.
La decisión acerca de cuántos jueces, abogados, políticos y académicos debe tener fue delegada constitucionalmente al Congreso, el que si bien en 1997 estableció que debería tener veinte miembros y que lo presidiría el presidente de la Corte, durante la segunda presidencia de la actual vicepresidenta determinó que el presidente del Máximo Tribunal no debe presidir al Consejo, y que debe estar integrado por un total de trece miembros, siete de los cuales son políticos.
Como se observa, la ley kirchnerista no ha respetado ese “equilibrio” entre estamentos, motivo por el cual la Corte la declaró inconstitucional el pasado 16 de diciembre, dándole un plazo de cuatro meses al Consejo de la Magistratura para adecuar su composición a lo que establecía la ley anterior, que disponía una integración de veinte miembros y asignaba la presidencia del órgano al presidente de la Corte.
Si el próximo lunes el Consejo de la Magistratura no completa al Consejo con los veinte miembros que según la Corte debe tener, y el Congreso no llega a sancionar una nueva ley definiendo dicha cuestión, quedará paralizada la selección de jueces inferiores, el ejercicio de facultades disciplinarias sobre ellos y el proceso de remoción de los mismos. Digamos que ello no implica la paralización de la administración de Justicia en su totalidad, pero la complicaría severamente.
Pues nada más auspicioso para el Gobierno que el Poder Judicial no funcione adecuadamente, porque si bien la coalición gobernante está quebrada, el presidente Fernández sigue dependiendo y sufriendo la nefasta influencia del kirchnerismo, cuya vocación de fe republicana es paupérrima.
El peor de los mundos para el populismo es un Poder Judicial eficiente y un Consejo de la Magistratura ágil e imparcial en la cobertura de vacantes de jueces inferiores. Por eso se niega ahora a enviar dos legisladores más al Consejo y dirige sus dardos más filosos contra las miembros de la Corte, a la que acusan de no representar los intereses populares y de intentar un “golpe de Estado” a través del fallo de diciembre, según el cual, de no haber nueva ley al 15 de abril, el presidente de la Corte deberá asumir la presidencia del Consejo.
Ni los jueces están para representar los intereses del pueblo (solo para aplicar el derecho), ni una sentencia es un Golpe de Estado. Sostener lo contrario es desconocer la esencia de cualquier Estado de Derecho.
