Pocas veces quedó tan en evidencia la realidad paralela en la que habita la política, o parte de ella, como con la discusión por la reforma de la Corte Suprema que el kirchnerismo apadrinó la semana pasada. No se trata aquí de exponer la fragilidad intelectual del debate. En ese sentido, alcanza con recordar que la propuesta inicial del oficialismo era aumentar de 5 a 25 el número de magistrados del máximo tribunal.
Pero en un rato, y como le servía para conseguir un par de votos imprescindibles para darle media sanción a la iniciativa, bajó a 15. Todo esto, impulsado por la misma persona, Cristina Fernández de Kirchner, que en 2005 había promovido la baja de 9 jueces… a 5. La cuestión, claro, responde a los intereses personalísimos de la vicepresidenta, que busca presionar a la Justicia en vista de las varias causas por corrupción que enfrenta.
En especial, al fallo inminente en una de ellas, la de Vialidad. Al grueso de la gente, le resulta entre ajena y aburrida. Otra cosa es la mala imagen generalizada de la Justicia, pero allí el reclamo pasa por un mejor funcionamiento de esta. Por ejemplo, que los delincuentes vayan -y se queden- presos. O que los fallos laborales o civiles no demoren años. Asuntos lejanos a Comodoro Py y la Corte, los dos grandes temas que obsesionan a la vice.
Dos elementos más exhiben lo forzado y hasta irreal de la discusión por la reforma. Primero, que el kirchnerismo y sus aliados no cuentan por ahora con los votos suficientes en Diputados como para sancionar el proyecto que tuvo el visto bueno de la Cámara alta. Segundo, que incluso aunque algún legislador borocotee, cambie su voto hacia el oficialismo y la norma sea aprobada, no hay manera de que tantos nuevos candidatos consigan los necesarios dos tercios del Senado como para integrar la Corte: la Constitución exige esa mayoría especial para nombrarlos.
No existe mejor prueba para ello que la actual composición de la Corte: son cuatro jueces desde noviembre de 2021, cuando se retiró Elena Highton de Nolasco, y nadie movió un pelo para elegir su reemplazante. Es más: de acuerdo con el decreto 222 de Néstor Kirchner de 2003, el Presidente contaba con 30 días para publicar en el Boletín Oficial “el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia”.
Es decir: Alberto Fernández cumple este martes 300 días en falta. Por supuesto, en la Argentina hay juristas de prestigio tan intachable como para que nadie se oponga a que se sumen a la Corte. No es ese el problema. Sucede nada más que no es del interés del Gobierno que se nombre a ese reemplazo. Lo mismo pasa con otro puesto clave de la Justicia, el procurador general de la Nación. El cargo lo ejerce de manera interina Eduardo Casal desde el 31 de diciembre de 2017.
Muestra clara de cómo en la Argentina las normas se tuercen de acuerdo con los vientos que soplan. Todo el episodio “cortesano” (desde que no se proponga un quinto miembro hasta que se busque que sean 15) entrega una lectura más, también poco esperanzadora: resulta una señal poderosa de que el tan mentado diálogo político habrá que sacarlo con fórceps del terreno de la ficción. Mientras tanto, en la Argentina real, los autos van a empezar a salir de las fábricas sin neumáticos. No, no es una metáfora.
