Bloques políticos de ambas cámaras rechazaron las declaraciones del Presidente. Cuáles son los antecedentes más recientes y qué establece la Constitución Nacional.
Las declaraciones de Javier Milei respecto a solicitarle la renuncia al gobernador Axel Kicillof y la posibilidad de intervenir la provincia de Buenos Aires, encendió las alarmas en las cámaras legislativas.
No obstante, la Constitución Nacional -tras la reforma de 1994- delegó en el Congreso la herramienta de intervención federal, y solo en excepciones y en receso del Parlamento el Presidente cuenta con tal atribución.
“La intervención federal está regulada en el texto constitucional y establece que, en caso de receso, cuando existan motivos en que esté en juego las autoridades de la provincia o la vigencia de la Constitución, el Poder Ejecutivo puede intervenir -advirtió el constitucionalista Diego Armesto, en diálogo con TN-. Esta intervención posteriormente es controlada por el Congreso Federal. “Esta claro que el Presidente desconoce este procedimiento, pero como nos tiene acostumbrados a vivir del decretismo, entiende que la solución es pasar por condicionamientos, renuncias, y ahí interviene y da la solución”.
“En el medio están los bonaerenses y la Constitución, las leyes, los límites que se establecen a las facultades del Presidente. Como vivimos de decreto en decreto, la Argentina comenzó una vez más, un grave declive hacia la vida sin instituciones y flaquea la República. La solución de los problemas es el dialogo y el consenso, la búsqueda de lugares comunes, no por imposición y condicionamientos”, completó Armesto.
Las reacciones de los bloques
Los senadores de Unión por la Patria fueron los primeros en “repudiar” la declaración de Milei. Y al hacerlo, varios dejaron sus diferencias con Kicillof. Desde el bloque que preside José Mayans calificaron el accionar del Presidente como “una nueva embestida contra el gobernador y los bonaerenses”.
“Representa un acto de profunda gravedad institucional -señalaron los senadores justicialistas-. Milei vuelve a mostrar su desprecio por las normas, las instituciones, la democracia y la voluntad popular, y utiliza el dolor de las familias de víctimas de hechos delictivos con fines políticos electoralistas y así pedir la renuncia de un gobernador legítimamente electo, y promover la intervención de la provincia. Pero no se hace cargo de la quita de fondos y de la falta de asistencia nacional a las provincias”.
Desde Diputados, Máximo Kirchner, en su doble rol de legislador y titular del peronismo bonaerense, también se expresó: “El gobernador mostró la voluntad de dialogar y la respuesta que da el presidente es berreta, mediocre. Es una irresponsabilidad muy grande del Presidente sugerir una intervención. Y me parece igual de grave llamar asesino al gobernador. Es de un mal gusto y una irresponsabilidad enorme. Una muestra más de su comportamiento bravucón y de carácter inexplicable. Pasa los límites”.
Mientras que Germán Martínez, jefe de bloque de UxP en Diputados, acercó su “solidaridad” hacia Kicillof, quien es, en su mirada, “el destinatario de su autoritarismo”. “Pero el problema de Milei es más de fondo: descalifica a todo el que piensa distinto y desprecia el federalismo -señaló Martínez-. Esta violencia tuvo antes a otros gobernadores como destinatarios. Si no le ponemos un freno, en el futuro habrá otras víctimas”.
El diputado Pablo Juliano, presidente de la bancada Democracia para Siempre, conformada por radicales críticos, aseguró que el anuncio de Milei sobre una intervención sucede “apenas días después de designar jueces por decreto”.
“No oculto mis diferencias con Kicillof, ¿pero qué importa qué partido la gobierna? Lo que está en juego es mucho más grande: un jefe de Estado que avanza sin límites y cada vez se asemeja más a un tirano -dijo Juliano-. “Los argentinos y los bonaerenses necesitamos soluciones reales. En cambio, el Presidente ofrece más problemas, una cortina de humo, y una peligrosa muestra de delirio político. La gran crisis de inseguridad y violencia que vivimos los habitantes de nuestra provincia no puede quedar sometida al uso político del dolor o a la desidia institucional de los gobernantes”.
Por su parte, Maximiliano Abad, senador nacional y expresidente de la UCR en la provincia de Buenos Aires, se expresó con un posteo en redes sociales. “Señor presidente Javier Milei, respete el mandato constitucional del gobernador y ponga a las fuerzas federales y el Estado Nacional a disposición. Señor gobernador Axel Kicillof, acepte la ayuda federal que la inseguridad es un problema gravísimo. Póngase a trabajar de manera conjunta priorizando a los vecinos de la provincia. Tenemos un ejemplo cercano de coordinación en seguridad: la provincia de Santa Fe. Ese es el camino”.
El exdiputado por la provincia Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, entendió que “la reacción del presidente rompe las instituciones de la República: designa por decreto jueces de la Corte Suprema de Justicia y prepara un golpe de Estado, una asonada institucional, contra el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Con este clima, Milei inaugurará el sábado las sesiones ordinarias del Congreso, a pesar de que varios de los bloques que están rechazando sus declaraciones no estarán presentes en sus bancas.
Los antecedentes de una intervención provincial
Desde la sanción de la Constitución en 1853 y hasta 1976, se registraron 174 intervenciones provinciales, lo que refleja el uso recurrente de este mecanismo. Sin embargo, la reforma constitucional de 1994 estableció restricciones explícitas para su aplicación y desde entonces solo hubo una intervención.
Sucedió en Santiago del Estero, en 2004, y la aplicó Néstor Kirchner debido a denuncias de corrupción, abusos policiales y espionaje a opositores durante la gestión de Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez.
Previamente, desde la recuperación de la democracia en 1983, durante la gestión de Carlos Menem se intervinieron tres provincias, todas por motivos diferentes. Tucumán en 1991, motivada por una profunda crisis política del exgobernador José Domato. Catamarca en el mismo año, tras el asesinato de María Soledad Morales; fue desplazado el gobernador Ramón Saadi. Y Santiago del Estero en 1993, tras un estallido social conocido como el “Santiagazo” en diciembre de ese año, que terminó con el mandato del entonces gobernador Carlos Juárez.
Qué dice la Constitución Nacional
La Carta Magna se refiere a la intervención federal en tres de sus artículos. “El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”, expresa el artículo 6.
En el artículo 75, referido a las atribuciones del Congreso, el inciso 31 dictamina: “Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo”.
Y en el artículo 90, referido a las atribuciones del Poder Ejecutivo, en el inciso 20 manifiesta: “Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento”.
