Tras el anuncio municipal de que se reubicarían algunas casillas del asentamiento en Marco Avellaneda y avenida Sarmiento, a centímetros de las vías del Ferrocarril Belgrano que se encuentra en funcionamiento, el secretario de Servicios Públicos de la capital, Luciano Chincarini, aclaró que se trató de una confusión en la comunicación. “La intendenta no puede ordenar esa medida, ya que no es jurisdicción del municipio y esa tarea es competencia de la provincia, concretamente del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)”, precisó el funcionario. Chincarini sí reconoció, en esta segunda conversación con LA GACETA, que el municipio se pondrá a disposición de los organismos provinciales para trabajar en colaboración y ayudar en todo lo que sea necesario.
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, comentó que lo que en realidad hizo el municipio es un relevamiento del asentamiento, de unas 60 casas, y que la intendenta Rossana Chahla lo remitió a su Ministerio, el que a su vez lo reenvió al IPV, que conduce el arquitecto Hugo Cabral.
“Es un tema complejo, porque no se trata sólo de reubicar casas, sino de contar con los terrenos y proveerlos de infraestructura. Lo que nosotros estamos haciendo es asistir a esas familias, mientras tanto, con las necesidades que tienen, comida, camas, sillas de ruedas, medicamentos, pero no mucho más que eso”, explicó Masso. El ministro adelantó que está pendiente una reunión con Cabral durante la primera quincena de marzo, y tal vez después de que se elabore un plan se lo presenten al gobernador Osvaldo Jaldo.
Masso también informó que su cartera no cuenta con el presupuesto para encarar la construcción de nuevas casas: “Sólo el módulo de una pieza y un baño cuesta entre seis y siete millones y no tenemos ese dinero y más ahora que los fondos nacionales para viviendas están congelados”.
El interventor del IPV confirmó que Desarrollo Social le reenvió el relevamiento que hizo el municipio en esas 60 casas, y que se encuentra en etapa de estudio y análisis. Con datos más precisos en materia de viviendas, Cabral aclaró que un módulo básico, de una pieza y un baño, pensado para que luego el vecino lo pueda ir ampliando, cuesta bastante más que siete millones de pesos, y coincidió con Masso en que la situación de incertidumbre que se vive con la Nación en materia de vivienda complica las decisiones.
Tierras de nadie
Tanto en los terrenos del ferrocarril que están operativos, como el de Marco Avellaneda, como en las tierras por donde ya no circulan trenes, también surgen una serie de grises. Alguno espacios están siendo atendidos por cuadrillas municipales desde que asumió Chahla, como lo reconocieron los vecinos en un relevamiento que hizo el diario, pero hay otros predios de los que nadie se hace cargo, como el ejemplo concreto de Italia al 500, que linda con el Cuartel de Bomberos, fuerza que también aporta basura y quema de residuos.
Chincarini había reconocido que desconocía esta situación y que el municipio se haría cargo de su limpieza. Sin embargo, Masso dijo algo similar: “Vamos a enviar una cuadrilla para limpiar esa cuadra, que es una verdadera boca de lobo. El problema es que en verano esa tarea debe hacerse semanalmente, porque con las lluvias y el sol ese trabajo dura sólo unos días”.
Salta a la vista que hay una conversación pendiente entre la provincia y el municipio para coordinar estos trabajos y que no dependan de impulsos espasmódicos de algún funcionario con buenas intenciones.
El Estado nacional, pese a las reiteradas requisitorias periodísticas, continúa siendo la gran voz ausente, ya que es el verdadero dueño y responsable del mantenimiento del los terrenos ferroviarios, tanto de los ramales operativos, a partir de las empresas estatales Trenes Argentinos y Belgrano Cargas, como de los tramos en desuso y abandonados, de los que debería ocuparse la ineficiente Agencia de Bienes del Estado.
