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El campo cuestionó el impuesto a la renta inesperada

El sector agroexportador objetó el anuncio del Gobierno, porque desalienta las inversiones.

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Descacharreo

El sector agroexportador argentino rechazó ayer el anuncio del Gobierno de implementar un nuevo impuesto para capturar la denominada “renta inesperada”, que se generó a partir del aumento de los precios internacionales de los granos, como consecuencia del ataque de Rusia a Ucrania.

Según el ministro Martín Guzmán, el nuevo gravamen alcanzará a empresas con “ganancias superiores a los $1.000 millones en el año”, y estimó que es “una fracción pequeña” del empresariado argentino, superior al 3% de las compañías. Habrá otros criterios para incluir a esas empresas, como que las ganancias hayan aumentado de forma significativa en 2022 respecto de 2021, afirmó.

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En ese sentido, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales expresó su preocupación por la nueva medida, y resaltó que “la Argentina no necesita más impuestos; al contrario, lo que hace falta es sacar el freno de mano a la producción y a la inversión para que haya más trabajo”.

Por su lado, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, citó en un informe que en el mes de marzo pasado el glifosato aumentó entre 140% y 180% en dólares interanual, mientras que los fertilizantes, como la urea incrementó su precio un 170% interanual y el PDA un 155%.

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La Sociedad Rural Argentina señaló que el Gobierno anunció “otra vez un manotazo al sector privado en vez de un sector público responsable que equilibre sus cuentas bajando y eficientizando el gasto”. “Crear nuevos impuestos siempre es una mala decisión, porque aleja las inversiones, nuevas fuentes de trabajo y la generación de riqueza”, remarcó.

Agrega la SRA, que en el campo “no hay renta inesperada”, ya que el mejor contexto de precios internacionales no llegó al productor. “Los precios locales están desacoplados a causa de los derechos de exportación, la intervención en los mercados y la brecha cambiaria”, apuntaron. En la UIA opinaron que “no es posible barajar un diagnóstico” por la poca información que dio el Gobierno.

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