El abogado Marcos Aníbal Rougés denunció ante la Justicia al presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, por la presunta comisión del delito de “mal cumplimiento de deberes de funcionario público”. Según el letrado, Terraf “no ha dado cumplimiento a sus deberes de funcionario público, al no excusarse y dejar de intervenir en las actuaciones que involucraban la ejecución de contratos de Luis Eduardo González con el Estado provincial”.
En su escrito, Rougés, cita que el mencionado González es consuegro de Terraf y según la denuncia presentada por Rougés, habría realizado 24 operaciones de venta con el Estado Provincial durante los períodos 2022/2024, y todas fueron autorizadas por Terraf, según la denuncia.
“El ilícito se materializa a partir del hecho que el señor González es consuegro del señor Terraf, es padre del doctor Esteban González, yerno de Terraf y hasta no hace poco tiempo abogado fiscal (es decir, abogado del Tribunal de Cuentas). O sea, que estaba bajo las órdenes del mencionado Miguel Terraf”, planteó el denunciante.
El abogado denunciante consideró que “esta relación familiar directa debería haber obligado a Terraf a excusarse de las decisiones relacionadas, conforme a las leyes 6970, 4537, 9351 y 8933”. En la denuncia, Rouges también apuntó que la maniobra podría involucrar a Esteban González, el yerno de Terraf y antiguo abogado fiscal del Tribunal de Cuentas.
“Quizás, la comisión del delito consista en que el doctor González habría generado una operación en la que su padre de 84 años de edad, simulara ser el proveedor del Estado, y en realidad quien desempeñaba ese accionar ilegal en este caso, podría haber sido el mismo yerno de Terraf”, agregó Rougés.
“Cualquiera de las posibilidades expuestas anteriormente, implica, la comisión de un delito de acción pública” y que “no puede el presidente del Tribunal de Cuentas argumentar que no conocía que la persona que se mencionaba en los Acuerdos era su consuegro, o bien, podría haber sido un negocio, en el cual, quien tenía intereses era su propio yerno”.
Rouges ofreció como prueba los acuerdos emitidos por el Tribunal de Cuentas, que, según él, demuestran la intervención de Terraf en las compras estatales realizadas por González. En ese sentido, cabe señalar que, a pesar del pedido de juicio político, de todos modos, continúa facturándole al Estado al punto de que se arriba a una cifra millonaria.
Al respecto, en el ACUERDO N°3128 del 31 de julio, el TC autorizó a la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social, a realizar la Contratación Directa con la firma Luis Eduardo González – CUIT nº 20-07083624-7, por la suma total de $17.777.381,00, para la provisión de carne vacuna destinados a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que ingresan a los distintos Dispositivos de Cuidado Institucional (DCI) en un alto grado de vulnerabilidad, por lo que deben ser atendidos y alimentados.
En el ACUERDO N°3217 del 2 de agosto el TC autorizó a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectuar la Contratación Directa con la firma Luis Eduardo González, por la suma total de $ 3.006.000,00.- por la provisión de bidones de agua, por el periodo de 3 meses (Agosto, Septiembre, Octubre), destinado a oficinas de dicho Ministerio.
En el ACUERDO 3250 del 5 de agosto el TC autorizó a la Dirección de compras y Contrataciones a efectuar la contratación directa con la firma GONZALEZ LUIS EDUARDO CUIT 20-07083624-7, por la suma de $5.760.000,00 para la provisión de bidones retornables de agua potable de 20 litros cada uno, con dispenser frío calor con sistema continuo en forma mensual, por el periodo de dos meses con posibilidad de prórroga, destinados a las distintas áreas de este Ministerio, lo que totaliza $11.520.000,00.
En el ACUERDO N° 3298 del 6 de agosto el TC autorizó a la Dirección de Compras y Contrataciones, a realizar la Contratación Directa con las firmas: All Trading SRL – CUIT n° 30-71532485-3, por la suma de $2.490.500,00 y González Luis Eduardo – CUIT nº 20-07083624-7, por la suma de $8.878.900,00, para la provisión de pollo, destinados a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que ingresan a los distintos Dispositivos de Cuidado Institucional (DCI), conforme al detalle que se consigna en el Anexo Único (Total General $11.369.400,00).
De esta manera, se totaliza una cifra millonaria de $43.672.781, lo cual ocurrió en los últimos días a pesar del pedido de juicio político contra Miguel Terraf al frente del Tribunal de Cuentas. Nada de esto parece importarle al clan Terraf que, a pesar de la presentación llevada a cabo por el abogado Marcos Aníbal Rougés en la Legislatura provincia, parece dispuesto a seguir haciendo de las suyas en el TC.
