El Gobierno provincial apunta a reactivar la obra pública en Tucumán. A partir de un convenio firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo con la Nación, se dio el visto bueno para retomar 81 proyectos que están con distinto nivel de avance en la provincia.
Algunos de los expedientes se encuentran en etapas administrativas -es decir, están adjudicados o en proceso de licitación-, mientras otros ya comenzaron, e incluso se mantuvieron activos a pesar del parate en la construcción, como la cárcel de Benjamín Paz.
El acuerdo de colaboración, al que accedió LA GACETA, cuenta con las rúbricas de Jaldo y del secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine.
En los considerandos, el documento alude a la declaración de emergencia pública en distintas áreas (financiera, fiscal, administrativa, entre otras) dictada hasta el 31 de diciembre de 2025 ante “severidad de la crisis que atraviesa el país, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”. Por ello, la Provincia y la Nación resolvieron “trabajar en forma conjunta, a los fines de adoptar medidas que permitan superar la situación”.
En este marco, según el documento, “el Estado nacional ha decidido transferir el financiamiento y/o la ejecución de determinadas obras públicas” a las provincias, siempre que “se encuentren en condiciones de asumir dicho compromiso”.
Según anunció el Gobierno, a partir de este instrumento se inyectarán unos $120.000 millones para reactivar distintos trabajos ($90.000 millones solventados por la Nación y los $30.000 millones restantes, por la Provincia).
En detalle
El convenio incluye distintas cláusulas que establecen las condiciones en que quedarán los 81 proyectos de obra pública de origen nacional en marcha en Tucumán.
El primer apartado autoriza a “adoptar las medidas que resulten pertinentes a los fines de que la Provincia asuma la financiación y/o la ejecución, según corresponda, de las obras públicas que se detallan en el Anexo I”. Allí figuran 44 proyectos cuya “financiación y/o ejecución se encuentra actualmente a cargo de diversos entes del sector público nacional”.
Por su parte, la Nación y los entes bajo su órbita se comprometen a continuar “con la financiación y/o ejecución de las obras” consignadas en el Anexo II (otros 15 proyectos).
Además, las partes acordaron que “oportunamente definirán si la financiación y/o ejecución, según corresponda, de las obras públicas que se detallan en el Anexo III será asumida por la Provincia o por el municipio pertinente”. En este caso, se trata de 22 expedientes.
El convenio no incluye montos ni plazos, dado que, según la cláusula segunda, todo lo dispuesto en los apartados anteriores se implementará “a través de acuerdos específicos a suscribirse entre las autoridades competentes”. Allí se determinarán las condiciones particulares de cada proyecto, como el estado de avance, la modalidad de pago, las redeterminaciones de precios y las deudas pendientes.
Según fuentes de la Casa de Gobierno, con este acuerdo se apunta a reactivar inversiones clave. Así, seguirán con financiamiento federal, entre otros expedientes, la ruta 307, en el tramo El Infiernillo-Ampimpa; la cárcel de Benjamín Paz, las plantas de tratamiento y redes de cloacas en Alderetes, Banda del Río Salí, San Andrés, Aguilares y Concepción; y la ruta 323, entre otras. También se avanza con obras habitacionales. En tanto, la Provincia aportará fondos para la alcaidía de Delfín Gallo; la ruta 307, en el tramo Amaicha-Ampimpa; para perforaciones de agua potable y para el Cepla de la Costanera.
