El gobierno de Alberto Fernández arrancó su gestión económica tratando de consolidar el ajuste fiscal heredado del gobierno de Mauricio Macri. Por el lado de los ingresos, aumentó principalmente los impuestos a la exportación y, por el lado del gasto, recalculó la fórmula de la movilidad jubilatoria. La idea era mostrar cierta prolijidad fiscal, de manera de poder encarar la renegociación de la deuda ante acreedores privados y el FMI.
Pero la “gripecita” que no iba a llegar se convirtió en la primera ola del COVID-19, y este supuesto plan se diluyó al poco tiempo de nacer. Por supuesto que no había más remedio que abandonar el ajuste fiscal, en el marco de la ayuda a la economía confinada, pero no es menos cierto que la dosis de mala praxis económica no fue menor. En el frente interno, se impuso la idea de que “la emisión no genera inflación” y se manejó irresponsablemente el gasto.
En ese contexto, el Ministro de Economía, Martín Guzmán retomaba un esquema de ajuste fiscal combinando más ingresos impositivos y menor gasto, por la licuación inflacionaria de jubilaciones y salarios públicos. Pero este tipo de ajuste fiscal, en el marco de un contexto político con mucho ruido “hacia adentro” de las principales coaliciones políticas, con la segunda ola a pleno y con pocas vacunas resulta claramente recesivo e impopular.
La economía crece “estadísticamente” porque se compara con el piso de la actividad del segundo trimestre del año pasado, pero el crecimiento genuino está muy cerca de cero y los ingresos reales de la población, en promedio, siguen cayendo. Y aquí, entonces, es “dónde mueren los ajustes”. Hay que ganar la elección, de manera que hay que mejorarle la situación, al menos a los votantes del núcleo duro del conurbano bonaerense.
Por lo tanto, hay que mantener el cuasi congelamiento de los precios de los servicios públicos. Arreglos salariales “nuevos” más cercanos a la inflación esperada, reapertura de los cerrados y compensaciones a los asalariados y jubilados de la base de la pirámide. Control de precios y cepos a la exportación de bienes sensibles. Más gasto público concentrado en ciertas regiones y personas, etc.
Obviamente, este “programa” resulta incompatible con un acuerdo serio con el FMI. De manera que no habrá acuerdo. Si hay alguna alternativa intermedia, que evite el default explícito con el Club de París, no se sabe. A su vez, este plan se encuentra ante una situación muy particular. Sin ahorros para gastar, sin capacidad de endeudamiento externo, con supercepo que frena el ingreso de capitales, estamos frente a un “circuito cerrado”.
Para mejorar la condición de algunos votantes, hay que empeorar la condición de otros. Pero sucede que el oficialismo necesita ganar las elecciones de una manera que le permita seguir consolidando una reforma constitucional de facto, sin que el Congreso o el Poder Judicial la frene. Ello obliga a repartir lo que no tiene. El oficialismo nunca entendió que no puede repetir la experiencia 2012-2015.
Los stocks que agotó en ese período ya no están, y con los flujos no le alcanza para todos. Es decir, el cuarto gobierno kirchnerista se trata de un populismo sin plata. Sin stocks, concentrará el “desajuste” en los próximos meses y seguirá insistiendo con más dosis de estatismo, y con más distorsiones de todo tipo, al menos mientras la situación internacional, permita, otra vez, eludir el abismo.
