“Estamos sorprendidos con esta decisión”, dijo el secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Bernardo Beltrán, sobre el anuncio de la vuelta a las clases presenciales obligatorias a partir del próximo lunes en la provincia, ya no por burbujas, sino la totalidad de los alumnos. En ese sentido, cabe señalar que es acelerado volver a la normalidad con protocolos, como conceptualmente se estaba manejando.
Y es que esto significa que retornarán todos los docentes y todos los alumnos a clases, respetando las medidas sanitarias contra el coronavirus, que ya son de difícil cumplimiento. El problema es que hay instituciones que no están en condiciones de sostener las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento en espacios comunes durante los recreos. Pero lo peor del caso es que eso no es todo.
El ministro de Educación, Juan Pablo Litchmajer explicó que está contemplada la sanitización de los establecimientos educativos al final de cada jornada y precisó que habrá vigías sanitarios en todas las escuelas. Y que, además, se realizarán testeos de olfato al azar a los alumnos para constar que no estén contagiados. Es por eso que cabe preguntarse: ¿Acaso le están tomando el pelo a la sociedad?
En ese sentido, desde la cartera sanitaria señalaron que esperan que la vuelta a clases no genere un impacto significativo en el aumento de casos. ¿Y qué pasará si eso termina ocurriendo? Realmente, se trata de una decisión incomprensible debido al hecho de que está en riesgo la política sanitaria de todo el país. Sin embargo, las autoridades gubernamentales no actúan con responsabilidad frente al tema.
En ese marco, cabe recordar que hubo 50 mil muertos desde el inicio de la pandemia hasta el 15 de febrero y otros 50 mil solo desde que empezaron las clases presenciales. Se trata de una media en la cual se enarbola la bandera del negacionismo ideológico de que mueran los que tengan que morir. Sin que nada de esto importe demasiado, el gobernador Juan Manzur le dio luz verde a la vuelta de las clases presenciales.
Al respecto, el jefe del Poder Ejecutivo destacó el avance de la campaña de inmunización en la provincia, que incluyó al personal docente y no docente. ¿Pero acaso eso es suficiente para impedir que se produzca un violento brote de COVID-19? Parece que el mandatario provincial está decidido a jugar con fuego ya que está consciente de que la pandemia de coronavirus aún no ha sido superada.
“Les pido a todos los papás y a las mamás respetar las normas y recomendaciones para que el ciclo lectivo pueda continuar”, indicó el gobernador. Pero, además de las clases presenciales, vuelven también las actividades deportivas oficiales, futbol, hockey, rugby, etc. Es decir, prácticamente todo está volviendo a la normalidad, bares llenos, fiestas por todos lados. Ahora bien, cabe preguntarse entonces: ¿Qué fue lo que cambió?
Es decir, ¿Qué estadísticas demuestran que el COVID-19 ya no es un problema para que el Estado haya decidido avanzar con esta irresponsabilidad? La realidad es que todo indica que lo que en verdad se escondería detrás de estas medidas que traerán consecuencias irreparables para los tucumanos en particular y para los argentinos en general, claramente es la “campaña política”, tanto del oficialismo como de la oposición.
Y es que las liberaciones de todas las actividades cuando hasta hace poco los contagios se contaban en la provincia por encima de los 1000 casos diarios, no serían más que para poder realizar actos en plena campaña, así como trasladar gente en colectivos, es decir, mover el aparato para el día de las elecciones. Pero, incluso, no es casualidad de que estas actividades se liberen incluso antes de las votaciones.
Esto se debe a que, si bien es cierto que las mismas tendrán lugar recién a mediados de septiembre, la realidad es que se habilita la mayoría de las actividades justo en estos momentos para poder tener las manos libres a la hora de realizar las campañas políticas previas a las elecciones. Y es que, con esta medida, queda claro que lo único que le importa a la dirigencia política, tanto oficialista como oposición es ganar las elecciones.
Esto significa que, si se mueren personas, no importa con tal de mantener el poder, ya sea hacia el interior de una coalición, como es el caso de Juntos por el Cambio, o en la gobernación como en el caso del oficialismo. No en vano, las movilizaciones masivas que se vienen realizando de parte de Juan Manzur y de Osvaldo Jaldo jamás fueron cuestionadas o criticadas por parte de la oposición.
Todo se trataba de una especie de pacto macabro entre la clase política para poder acudir a la movilización necesaria que se necesita para mover el aparato y salirse con la suya. Y es que sin el mismo, no podría eternizarse en el poder. El pacto espurio que de forma implícita firmaron el oficialismo y la oposición podría estar rubricada en el futuro con la sangre de inocentes.
Pero, además, si existen restricciones, los dirigentes políticos no podrían comprar ni votos ni llevar a la gente a votar. Un acarreo del cual, por ejemplo, necesita el intendente de San Miguel de Tucumán para poner a funcionar a pleno al aparato del que se vale para cumplir con la espuria intención de colocar a su mujer, la diputada nacional Beatriz Ávila como senadora de la Nación. Y es que lo único que en realidad les importa es ganar cueste lo que cueste.
Incluso si les cuesta la vida a miles de tucumanos. Definitivamente, la clase dirigencial le tiene un alevoso desprecio a la vida humana de aquellos a quienes no ve más que como clientes en lugar de ciudadanos, como ovejas en vez de personas. Realmente hay que ser delincuentes para jugar a la política con la vida de los ciudadanos. Se trata de una casta de verdaderos sinvergüenzas y sin perdón. Ni olvido ni perdón. Democracia, juicio, castigo y condena a la clase política.
