En las primeras horas de este lunes entró en vigencia el DNU que el Poder Ejecutivo dio a conocer ayer. Pero las suspicacias que se tejen en torno a este decreto, pasan por el hecho de saber qué es lo que hay detrás. ¿Lo que se prohíben son las reuniones sociales o las manifestaciones sociales? ¿Acaso a lo que apuntaría el kirchnerismo no sería el evitar mayores contagios por medio de reuniones sociales, sino el hecho de que la gente se manifieste?
Y es que el sábado pasado se vio una muestra contundente del rechazo de buena parte de la opinión pública a lo que es el proyecto de reforma judicial que el Gobierno enviará al Congreso. En ese marco, la prohibición de encuentros sociales y de reuniones que impliquen que las personas estén juntas, más allá de cantidad que sean, tendrá una duración de 14 días. Es decir, el tiempo suficiente que necesitaría la coalición gobernante para que el Parlamento sancione la iniciativa.
¿Es que acaso el Gobierno pretendería contar con esta cantidad de días, en los cuales estará prohibido que la gente se reúna en las calles, con el fin de poder avanzar de una buena vez con la reforma judicial? ¿Se habrá garantizado con este decreto un contexto propicio para avanzar en una hipotética colonización de la Corte Suprema? ¿Será la intención de fondo por parte del kirchnerismo supuestamente asegurarle a Cristina Kirchner la impunidad?
Lo que también genera suspicacia, es el hecho de que no se hayan prohibido bares ni restaurantes, en los cuales las reuniones de personas exceden el tope que existía hasta antes de este DNU. Si el objetivo es evitar que los contagios se propaguen, ¿Estos locales no deberían cerrar? Y si entonces no existe peligro de contagio a pesar de que se traten de lugares cerrados en donde se reúnen más de 10 personas, ¿Por qué habría de ser un problema que la gente se reúna al aire libre?
Todo parecería indicar que, entonces, el fin que perseguiría es DNU es evitar que la gente se reúna para manifestarse, tal como lo viene haciendo cada vez que considera que el Gobierno avasalla a las instituciones. No en vano, el decreto especifica que quedan prohibidas las realizaciones de eventos culturales, recreativos y hasta religiosos, ya sea en espacios públicos o privados. La misma suerte corre para los clubes y los centros culturales.
Ni siquiera se permitirá que exista el turismo, lo que podría ser utilizado por mucha gente como una excusa para hacerse escuchar en medio del tratamiento parlamentario del proyecto de reforma judicial que tratará el Congreso. A estos fines ayudará también la prohibición contemplada del servicio público de transporte de pasajeros interurbano e interjurisdiccional. Y es que el oficialismo no querría perder el control de la calle en medio del debate sobre la reforma.
Teme un desborde de la sociedad justamente cuando el Congreso trate el proyecto de ley en las dos semanas en las que estará vigente el DNU. Evidentemente, desde el oficialismo no quieren pasar sobresaltos y apuntarían a que esta ley salga lo más rápido que sea posible. Existe un dicho que dice “piensa mal y acertarás” y son conocidas las mañas del peronismo para mantener calma las calles. Habrá que contemplar el devenir de los acontecimientos futuros para comprobarlo.
