Mientras cientos de miles de argentinos se derretían bajo el agobiante calor de enero, con el agravante de sufrir los reiterados cortes de energía eléctrica, una imagen de la titular del PAMI, Luana Volnovich y de su segundo, Martín Rodríguez, vacacionando en la ostentosa isla de Holbox, un lugar turístico paradisíaco que se encuentra a más de 100 kilómetros de Cancún, generó una suerte de indignación, justificada, por cierto, en un vasto sector de la sociedad.
Ambos militan en La Cámpora, la agrupación política insignia del kirchnerismo, que fue creciendo en las últimas dos décadas a la sombra del poder y utilizando recursos públicos para financiar sus actividades, incluso funcionando como agencia de colocación de empleo público para sus militantes. Una fuerza que creció de arriba hacia abajo, como se gestan todas las oligarquías y grupos privilegiados, y no al revés, como marca el manual de la militancia popular.
Cabe mencionar que desde ese lugar de la “militancia” como un deber para honrar el compromiso con el prójimo, La Cámpora nos viene regañando hace años y advirtiendo sobre lo que está bien y lo que no, en cuanto a nuestras opiniones o actitudes políticas, como si su militancia los ubicara en la cresta de la moral pública porque, dentro de esa lógica, pertenecer tiene sus privilegios.
Tampoco Volnovich y Rodríguez acataron el pedido del presidente Alberto Fernández de no vacacionar en el exterior, desconociendo su autoridad aún a costa de exponer a todo el resto del gabinete que sí vacaciona en el país porque la grave situación económica y sanitaria exige un mayor compromiso de quienes tienen la labor de administrar un gobierno. La pregunta que se impone ahora está clara.
¿Tendrá autoridad el Presidente para sancionar a quienes le regalaron este escándalo moral en enero? Si tomamos como antecedentes lo dicho por su portavoz, Gabriela Cerrutti, que simplificó el caso a un “derecho de todos a vacacionar”, olvidando que quien veranea en el paraíso caribeño es la titular de la obra social de los millones de jubilados que sufren de magros ingresos que les impiden no solo pensar en el algún tipo de descanso sino vivir dignamente.
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Pero más allá de si los funcionarios serán o no sancionados, vuelve a aparecer entre nosotros ese sabor amargo que genera la indignación, al ver a funcionarios públicos viviendo en una realidad paralela. Y es que la realidad es que no les importó mirar hacia adentro y reparar en la grave situación económica que no permite a casi la mitad de la población salir de la situación de pobreza.
Muchos de ellos jubilados, o el azote sanitario que significa el crecimiento exponencial de contagios de Covid, como tampoco atender los reclamos internos en el PAMI de miles de jubilados, entre los que se destacan la cancelación los servicios de traslados o la baja de calidad de los bolsones de alimentos y la ausencia cada vez mayor de productos y la reducción de la cantidad prestaciones y de los descuentos.
Eso sucede hoy en el PAMI y las soluciones no parecen encontrarse en una lujosa isla caribeña en la que descansan las máximas autoridades de la obra social. Las elites modernas, como las que se formaron en dos décadas dentro del kirchnerismo, se presentan a sí mismas como personas talentosas, comprometidas y esforzadas que se destacan por sus méritos y no por su origen, pero ese discurso contrasta con la realidad que marcan sus acciones que los hace verse cada vez más desiguales frente al resto.
