Entre marchas y contramarchas, afirmaciones y desmentidas, así se movió en las últimas horas la causa por abuso sexual a un menor en las instalaciones del colegio Tulio García Fernández.
Según trascendió, en medio del hermetismo con el que se maneja la instrucción, los fiscales María del Carmen Reuter y Fernando Blanno solicitaron la detención de un empleado de maestranza de la institución, pero el juez a cargo del caso rechazó el pedido por entender que faltaban pruebas que justifiquen la medida.
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El magistrado sólo accedió a que el sospechoso sea notificado de la medida que se sumará el lunes, y que podría sumar el último elemento que falta para que sea imputado y detenido.
Se trata de la declaración en cámara Gesell que una psicóloga le tomará al menor, para saber en detalle como ocurrieron los hechos que derivaron en la denuncia, que sacudió a toda la comunidad del colegio salesiano.
Pero cuando los uniformados se presentaron en la casa del empleado, supuestamente separado de su cargo, una pariente les dijo que se encontraba en una casa en El Cadillal, propiedad del colegio, que habitualmente se usa para reuniones y retiros espirituales.
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Cuando por fin pudieron notificarlo, en el complejo Don Bosco, ubicado sobre la ruta que une el dique con el río Loro, el ordenanza respondió que estaba a disposición de la justicia, y habría dado a entender que se encontraba en el lugar realizando tareas de mantenimiento.
Esto último desmiente las afirmaciones de la mediadora del colegio, Dolores Suárez, quien sostuvo desde un primer momento que el sospechoso había sido separado de sus funciones en la institución.
