Estos años hemos visto a muchos dirigentes decir que defendían la libertad de prensa y, minutos más tarde, faltarle el respeto a un periodista porque dijo o reveló algo inconveniente. No sólo en este gobierno, también en la experiencia kirchnerista anterior, altos funcionarios amenazaban o agredían en público a medios y periodistas que habían publicado informaciones u opiniones que no les habían gustado.
Y lo hacían porque en el fondo no creían, ni creen, en la libertad de expresión. Están convencidos de que la conversación pública es un campo de batalla más, donde existen unos buenos (ellos) y unos malos a quienes hay que combatir. Por eso castigan a los medios que no les gustan, subsidian a sus medios amigos y convierten a los medios públicos en medios militantes: porque no creen en la legitimidad de todas las voces.
Desde el gobierno, la libertad de expresión y de prensa se defiende con acciones concretas: con más transparencia y más calidad en la información pública; con un reparto equitativo y profesional de la publicidad oficial; y reconociendo que rendir cuentas de sus acciones es una obligación fundamental de quienes les toca gobernar. Quienes son elegidos para cargos ejecutivos deben saber que son servidores públicos, que están de paso y que nunca deben tomar su cargo como si fuera de su propiedad.
Y una parte central de esta mirada de la política como servidores públicos implica ser abierto con la información, respetar las críticas (de periodistas o de los ciudadanos en general) y tener la convicción de que el debate no sólo nos mejora a todos, sino que es un pilar central de la vida democrática. Esto hay que decirlo bien claro: sin libertad de prensa ni libertad de expresión no puede haber una democracia vibrante y robusta, que merezca el nombre de democracia.
Si los medios no pueden informar, porque no tienen acceso a datos relevantes o porque el poder político los amenaza o los extorsiona, es difícil decir que vivimos en una democracia plena. Todos los regímenes autoritarios que, en estas décadas, y a lo largo de la historia, destruyeron la democracia desde adentro, avanzando sobre la oposición y la justicia, pusieron un énfasis especial en la censura y el ataque a los medios de comunicación.
Y, en los últimos años, como está pasando en Cuba y Venezuela, también a ciudadanos que se expresan en las redes sociales. A los autoritarios no les gusta la libertad de expresión. Siempre fue así y seguirá siendo así. Por eso, debo remarcar que no es una cuestión de gustos. No siempre les va a gustar lo que digan los periodistas de ellos. Y a veces les parecerá que sus preguntas son chicanas apenas escondidas.
Van a tener el derecho de pensar eso, pero no van a tener el derecho de cercenar la libertad del periodista o de, por ejemplo, denunciarlo ante la Justicia porque les ofendió algo que dijeron. Insistimos, los políticos son servidores públicos y parte de su deber es estar abiertos a la crítica y al debate. El compromiso tiene que ser la verdad y la transparencia, en oposición al relato y la manipulación. El Estado debe ser un guardián de la libertad de expresión y liderar con el ejemplo.
