La Justicia decidió rechazar un recurso de Casación interpuesto por los abogados del ex camarista Enrique Pedicone, en el marco de la causa que este inició contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, acusándolo por los delitos de tráfico de influencias, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ante esto los abogados María Fernando Battig y Arnaldo Ahumada, representantes de Pedicone, interpusieron un recurso de queja por el recurso denegado ante la Cámara de Apelaciones Penal Conclusional, que ahora deberá ser analizado.
El 9 de febrero de este año la denuncia del ex camarista había sido desestimada, por lo cual se ordenó el sobreseimiento de Leiva. La resolución fue apelada por los defensores de Pedicone pero la semana pasada el juez subrogante Raúl Armando Cardozo la rechazó por inadmisible y ordenó el archivo. Battig y Ahumada tras esto fueron a la Cámara y solicitaron que “se haga lugar a la queja interpuesta; se conceda el recurso de apelación en contra de la sentencia de sobreseimiento dispuesta (…) y, en definitiva, se ordene la sustanciación de la apelación de conformidad a las reglas del rito”. Y afirmaron que le corresponde a la Cámara dilucidar si “corresponde o no conceder el recurso de apelación interpuesto por ésta parte, en tiempo hábil y debida forma, en contra de la resolución de sobreseimiento dictada por el juez de instrucción con fecha 9 de febrero del corriente año”.
Los mismos abogados recordaron cómo se inició la causa: “el entuerto central del proceso nació como consecuencia de que el día de 1 de septiembre del año 2020, el entonces Juez Penal de Impugnación Enrique Luis Pedicone, formuló ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia una denuncia en contra del vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, hoy Presidente del cuerpo -Daniel Leiva- por corrupción institucional tipificada como tráfico de influencias y otros ilícitos vinculados. Entre las pruebas en las que sustenta la denuncia, y posterior querella, se hallan unos audios que se grabaron de una conversación mantenida entre ambos en un café céntrico en julio del año 2020. La incorporación a esas grabaciones al expediente fue rechazada por distintas instancias del ámbito provincial y hoy son materia de un recurso de queja denegado por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Según Pedicone, en esa oportunidad, Leiva le pidió que “maneje la intensidad” en una causa por presunto abuso sexual en la que se involucraba al legislador Ricardo Bussi. Según Pedicone, Leiva “actuó a pedido de Osvaldo Jaldo y de Juan Manzur”.
Según los abogados de Leiva, “en febrero el juez de instrucción subrogante Dr. Cardozo decidió, per se, motorizar el expediente principal y resolver un pedido de sobreseimiento articulado por la defensa del vocal Leiva en el año 2020, sin requerir la opinión imprescindible y dirimente de esta parte querellante”. “A continuación, dispuso el sobreseimiento del imputado Leiva y días después ordenó la emisión de un certificado que básicamente expresaba que Leiva había sido sobreseído y que la resolución no había sido cuestionada por ninguna de las partes. Ese certificado fue presentado por la defensa técnica de Leiva ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando que se declarase abstracto el recurso de queja que se hallaba y halla tramitando por ante ese tribunal”, recalcaron Battig y Ahumada. “La vocación de ayudar al presidente de la Corte se nota demasiado”, agregaron los abogados. Y advirtieron: “Es que si la Corte de Tucumán reconoció al Dr. Pedicone el rol de querellante por ser víctima del delito investigado. ¿Cómo no va a tener interés en la sentencia que pretende resolver definitivamente la causa con un sobreseimiento? Es que como plantear que la víctima de un abuso sexual, que tiene otorgado el rol de querellante en la causa, no tiene un perjuicio o interés frente al sobreseimiento del imputado”. “De lo que venimos desarrollando se infiere claramente en qué basamos nuestro agravio referido a que el fallo que declara inadmisible el recurso de apelación en contra del fraudulento sobreseimiento de Leiva se halla imbuido de arbitrariedad”, argumentaron ante la Cámara. Y luego aseguraron: “Ya dijimos en éste mismo proceso que a nuestro criterio el asunto reviste gravedad institucional porque excede ostensiblemente los intereses de las personas que intervienen en esta causa. Y esto así porque en el centro de la acusación se afirma que existe un entramado político entre la cúpula del Poder Judicial (Leiva) y los otros poderes del Estado (PE y PL), que directamente maneja la justicia local e influye sobre las decisiones judiciales, por lo que la intentona de Leiva y sus acólitos, entre ellos el juez Cardozo, de defraudar a la CSJN mediante la exhibición de un “sobreseimiento” amañado, debe reforzar los controles y activar los mecanismos procesales y constitucionales previstos para hacer cesar las actividades de esta banda enquistada en el poder judicial de la provincia para lograr la impunidad del actual Presidente de la CSJT”. Por lo que solicitaron que “se tenga por interpuesta en tiempo y forma la queja por recurso de apelación denegado” y que por lo tanto “se abra la instancia y se conceda el recurso”. Ahora será la Cámara la que deberá resolver esta petición.
