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El exjefe de la Policía Federal en Santa Fe acumula causas por armar una “empresa criminal”

´Marcelo Lepwalts suma condena a ocho años y nueve meses de prisión al ser considerado responsable de una red de corrupción

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Marcelo Lepwalts, ex jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal

ROSARIO.-El exjefe de la Policía Federal de Santa Fe Marcelo Lepwalts sumó dos condenas en apenas siete meses, que suman ocho años y nueve meses de prisión, por haber formado junto con otros efectivos de esa fuerza una “empresa criminal” que llevó adelante delitos que van desde “tenencia de estupefacientes” a “cohecho” y “abuso de autoridad”.

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En las investigaciones que llevó adelante el fiscal federal Walter Rodríguez se detectó que Lepwalts y sus hombres tenían montada una organización criminal en Santa Fe que se dedicaba a varios rubros, como  incautar teléfonos celulares de narcotraficantes que ocultaban a las autoridades y por los que luego pedían rescate, a secuestrar estupefacientes cuyo pesaje fraguaban en las actas de procedimiento y guardaban en la delegación para “plantar” a distintos narcos una vez que dejaban de serles útiles.

Los hechos enumerados por el fiscal Martin Suárez Faisal en el juicio tuvieron lugar durante marzo de 2018 y mayo de 2019, cuando Lepwalts se encontraba al frente de la delegación Santa Fe de la Policía Federal.

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Lo llamativo de este entramado es que el oficial designado para reemplazar a Lepwalts, cuando fue desplazado y detenido por orden del entonces jefe de la PFA Néstor Roncaglia, fue el comisario Mariano Valdés, quien en enero de 2018 también fue procesado por tráfico de estupefacientes, después de un allanamiento en el que se encontraron en un bolso rastros de LCD y metanfetaminas. Ese bolso fue clave en el tiroteo que protagonizó el ex jefe de la PFA en Santa Fe, el 9 de setiembre de ese año, cuando iba en un auto con una suboficial.

Los últimos dos jefes de la Policía Federal en Santa Fe terminaron procesados por narcotráfico, en causas en los que se desprenden las complicidades que tejían con eslabones clave del mundo de la venta de drogas.

Los excomisarios Mariano Valdés (a la izquierda) e Higinio Bellagio (a la derecha) fueron acusados por seis delitos
Los excomisarios Mariano Valdés (a la izquierda) e Higinio Bellagio (a la derecha) fueron acusados por seis delitosMarcelo Manera

En el juicio, el fiscal describió la empresa criminal que respondía a Lepwalts a la que llamó Delegación Santa Fe SA. “Era un lindo grupo, muy unido”, dijo Suárez Faisal. “Sí, unidos en la delincuencia más abyecta para un funcionario público”.

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Suárez Faisal remarcó que la asociación ilícita desarrollaba otras actividades asociadas a la venta de dólares y los puestos callejeros, donde la brigada policial también extorsionaba para conseguir un “canon mensual”.

Una muestra de la cohesión para recaudar de forma ilegal es palpable en las escuchas de la investigación que llevó adelante el fiscal Rodríguez.  “Acá es todos por igual; sin importar jerarquía. Eso es lo bueno de este grupo”. Los que hablan son dos efectivos de la Policía Federal de Santa Fe y no se refieren a la distribución del trabajo, sino de la droga que secuestraban, que luego vendían y transformaban en dinero.

La cocaína y los teléfonos eran un botín preciado para este grupo de policías encabezados por Lepwalts, apodado Lechuga, que, según el fiscal que realizó la instrucción de la causa, habían “configurado un sistema de recaudación ilegal nutrido por utilidades provenientes del narcotráfico”.

Los investigadores sospechan que el negocio ilegal del narcotráfico que manejaba el comisario Lepwalts cambió de manos cuando lo reemplazó Valdés, que fue designado por la cúpula de la PFA para sanear ese foco de corrupción. Estos “vicios” de los policías capitaneados por Lepwalts, los agentes los traían de otros destinos, de acuerdo a la investigación, como Villa María, Córdoba, donde ya habían sido detectados por la justicia.

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Entre los contactos que tejió Lepwalts con los narcos figura una pareja que está prófuga por estar involucrada en un caso reciente: la llegada de 200 kilos de cocaína en una avioneta proveniente de Paraguay, que se accidentó en un camino rural de San Justo, en Santa Fe.

La investigación que inició Roncaglia contra Lepwalts se disparó con una denuncia en la que se mencionaba a Claudio Casco o su esposa Lorena Melgarejo, que son narcos de un eslabón superior a los vendedores de droga, que “apretaban y sobornaban” los policías. Ambos están prófugos.

“Sin querer pude enterarme que funcionarios policiales de la Delegación de Policía Federal están cobrando a personas conocidas como narcos para brindarles protección y que a veces los investigan engañando a la autoridad judicial con falsos informes”, señalaba la denuncia. El anónimo afirmaba que los policías se contactaron con un hombre al que le falta una pierna, “para que organice una reunión con otro narco más importante llamado Casco o su Melgarejo para cobrarle y no molestar”.

Los investigadores vinculan con los comisarios condenados por corrupción al grupo que transportó 200 kilos de cocaína en una avioneta que cayó en Santa Fe
Los investigadores vinculan con los comisarios condenados por corrupción al grupo que transportó 200 kilos de cocaína en una avioneta que cayó en Santa FeArchivo

En mayo de 2018, Roncaglia viajó a Santa Fe para anunciar el desplazamiento de los policías, encabezados por Lepwalts, luego de que el fiscal Rodríguez iniciara una investigación, que determinó que en la PFA de la capital de la provincia existía un “sistema de recaudación ilegal nutrido por utilidades que provenían del narcotráfico”.

Los policías, según señala el procesamiento dictado por el juez Francisco Miño, “obtenían dinero y estupefacientes” de parte narcos que “eran involucrados en procedimientos que eran ocultados” a la justicia federal. “El dinero era repartido en partes iguales entre los policías”, señala el informe judicial y se retroalimentaba además con el “cobro de coimas a cambio de la cobertura policial”.

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La inquietud del fiscal de profundizar el sistema de recaudación ilegal de la PFA se disparó luego de que el 24 de setiembre de 2019 recibiera una carta anónima, que fue enviada por un sistema de cadetería a la fiscalía. Luego, Walter Gómez se presentó y dijo ser el autor de la nota de siete carillas.

Este hombre es el padre del policía de la PFA Carlos Gómez Navarro, quien está preso y formaba parte de la organización que comandaba el comisario Lepwalts, que fue desplazado de su puesto por el jefe de la fuerza, que en su reemplazo designó a Valdés que también terminó tras las rejas.

Gómez describió cómo funcionaba este sistema de corrupción que tenía a los efectivos de la PFA como protagonistas. “En la jefatura de la Delegación Santa Fe cada jefe tiene que cumplir con un mandato de sus superiores. Se les hace llegar mensualmente un sobre. Cada sobre tiene dinero que va quedando en cada jefe”, sostuvo el testigo.

En la causa 12400/17 ya había elementos que describían los métodos de recaudación, como sucedió el 4 de abril pasado durante un operativo antidrogas en la ruta N°70, en Esperanza, Santa Fe, donde fue detenido con 81 gramos de cocaína y dos teléfonos celulares Samsung Guillermo Kern. La madre del supuesto narco es advertida por su hijo en escuchas telefónicas del 5 y 8 de abril, días después del operativo: “Me robaron todo y me llevaron los celulares”.

La pareja de Kern señala luego en otra escucha que “quiero recuperar el teléfono chiquito, pero me van a cobrar una plata”.

FuenteLa Nación
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