Las denuncias penales relativas al uso de la partida “ayudas sociales a personas”, conocida como gastos sociales legislativos, quedaron en la puerta de entrada del desván de la historia. Sucede que el fiscal Claudio Bonari (N°2) solicitó el archivo de parte de las actuaciones, la desestimación de otra fracción y el sobreseimiento de tres funcionarios vinculados a las erogaciones discrecionales de alrededor de $ 615 millones (U$S 46 millones, según la cotización de 2015). Bonari consideró que algunos hechos no constituían delitos y que otros no podían ser investigados. Estas conclusiones constan en el requerimiento presentado el 27 de julio de 2018, que no había sido divulgado ni por el Ministerio Público Fiscal ni por Facundo Maggio(N°2), el magistrado que manejó la megacausa hasta que se inhibió. La petición de Bonari, que por “sus connotaciones públicas” fue comunicada a su jefe, Edmundo Jiménez, aún debe ser controlada por un juez de la capital.
Luego de casi dos años de trámite, el fiscal N°2 adoptó una posición similar a la del ex fiscal N°5 y hoy ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila, que en septiembre de 2016 ya se había inclinado por el archivo de las presentaciones del peronista disidente Oscar López y del legislador radical Eudoro Aráoz (a ellas luego se sumaron distintas causas remitidas por los Tribunales Federales). El proceso “resucitó” por una decisión de Jiménez, que lo giró a Bonari (ver “Hitos…”). Pero en la Fiscalía N°2 no hubo avances investigativos que corroboraran las sospechas acerca del dinero en efectivo trasladado en valijas desde el Banco del Tucumán hasta la Legislatura. El propio Bonari admitió en su dictamen que no había logrado acceder a los recibos de los subsidios ni a los DNI de los beneficiarios, pese a haberlos solicitado.
Las pruebas recopiladas y la imposibilidad de lograr otras “sin romper el equilibrio de poderes” llevaron a Bonari a considerar que la mejor opción por el momento y hasta que apareciesen evidencias nuevas era archivar la denuncia respecto de los presuntos delitos cometidos por los 49 legisladores del período 2011-2015 (ver nombres por separado); el ex tesorero y actual secretario administrativo de la Legislatura, Claudio Pérez, y el ex secretario y actual legislador oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares. El fiscal pidió la reserva del sumario porque no podía “proceder”. Bonari recordó que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había dictado una medida cautelar para asegurar los comprobantes de las ayudas -en el juicio iniciado en ese fuero por el legislador opositor Luis Brodersen– y que ello estaba controvertido. “Existe gravedad institucional y una cuestión prejudicial pendiente de resolución en la Sala II o en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán”, dijo el fiscal. El 1 de diciembre de 2016, el Poder Legislativo había restituido a la Cámara en lo Contencioso Administrativo la orden precautoria que colocaba los recibos al cuidado del vicegobernador Osvaldo Jaldo.
La misma solución de archivo y reserva de las actuaciones propuso Bonari respecto de la denuncia contra Pérez y el subtesorero general interino Diego De Piero por el presunto encubrimiento de la investigación de los posibles hechos de corrupción. En una ampliación de la denuncia, el peronista disidente López endilgó a esos funcionarios una serie de actos dirigidos a la “desaparición” de los supuestos recibos de los subsidios.
El fiscal N°2 manifestó que correspondía desestimar que la extracción de dinero en efectivo por caja y el posterior traslado en valijas hacia la sede legislativa implicara un acto ilícito. También descartó que los fondos públicos destinados a gastos sociales hayan sido usados para ejecutar delitos electorales durante los comicios provinciales y nacionales de 2015. Bonari asimismo desechó la “denuncia genérica” de posible enriquecimiento ilícito respecto de los 49 legisladores. “Las manifestaciones del denunciante López son sumamente vagas, generales e imprecisas. No aportan dato alguno que me permita promover la acción penal”, reprochó. En cuanto a la sospecha de incrementos patrimoniales injustificados atinentes al ex tesorero y actual secretario Pérez, el fiscal relató un derrotero procesal curioso y expresó que no le correspondía expedirse (se informa por separado).
La petición de desestimación comprende además los tramos de las denuncias que cuestionan los decretos que, mediante sucesivos reajustes presupuestarios, engordaron la partida 514 (de ayudas sociales a personas). Bonari argumentó que no le correspondía a él juzgar la oportunidad, el mérito y la conveniencia de las decisiones del ex gobernador y senador José Alperovich; del ex ministro de Economía y vocal del Tribunal Fiscal de Apelaciones, Jorge Jiménez, y del secretario de Hacienda, Rolando Steimberg.
La solicitud de sobreseimientos alcanzó a dos ex legisladores fallecidos en el transcurso del proceso, los justicialistas Alberto Herrera y Susana Díaz. Pese a que esta megacausa penal de interés público involucra a las más altas autoridades políticas del período anterior -muchas de las cuales aún están en funciones-, Bonari expresó que existía certeza de inocencia respecto de una sola de ellas: el ex vicegobernador y actual mandatario Juan Manzur. El fiscal N°2 afirmó que el gobernador no había cometido delito puesto que su firma no aparecía en ninguno de los actos administrativos de disposición de fondos impugnados. En consencuencia, Bonari pidió el sobreseimiento para el titular del Poder Ejecutivo con la expresa declaración de que el proceso no afectaba su buen nombre y honor.
AUTOR
Irene Benito
