El pasado miércoles, Leiva se presentó en la Comisaría 5ª y denunció que Bussi y Verón Guerra la obligaron durante años a retirar dinero de cajeros automáticos con tarjetas de débito que se les retenía a personas contratadas. Además, en la presentación señaló que entre 2019 y 2023, cuando compartió el bloque de concejales republicanos con los dos acusados, ambos la sometieron a violencia verbal y acoso laboral. También dijo que recibió amenazas, por lo que pidió una custodia para ella y su hija.
“En el período del 2015 al 2019 fui secretaria del (entonces) concejal Ricardo Bussi y por un tiempo realicé trabajo para el (entonces) concejal Eduardo Verón Guerra, que compartían oficina. O sea que para el concejal Ricardo Bussi y Eduardo Verón hice un trabajo sucio de buscar por las noches en cajeros automáticos plata con tarjetas de débito que se le quita a la gente, donde les manejan el dinero ellos (sic). A la gente solo se le entrega un importe inferior y el resto es para ellos”, expuso Leiva en su demanda.
La ex concejal también denunció Bussi la obligaba “a pagar a las mujeres que lo chantajeaban cuando no quedaban conformes cuando él les pagaba por sexo”. Y aseguró que, en esas circunstancias, fue agredida físicamente “en dos oportunidades por esas mujeres”.
El fiscal Blanno tiene la denuncia en sus manos desde el jueves pasado. Según pudo averiguar Tendencia de Noticias, Leiva todavía no fue citada a ratificar la denuncia, lo cual se concretaría en las próximas horas.
La ex concejal se presentó el pasado viernes a la mañana en los Tribunales Penales para corroborar si su denuncia ya tenía trámite en el Ministerio Público Fiscal, donde le informaron que desde la Unidad Fiscal de Decisión Temprana habían girado la causa a la Fiscalía Regional, que es la encargada de investigar hechos en los que están implicados funcionarios protegidos por fueros, como es el caso de Bussi y Verón Guerra.
Tendencia de Noticias intentó comunicarse con los legisladores denunciados para conocer su versión de los hechos, pero ninguno respondió los mensajes ni las llamadas.
Qué dice la ley
El Código Procesal Penal de Tucumán (CP), en su capítulo 2°, sobre Inmunidades Constitucionales, determina que “cuando se formula una denuncia contra un legislador, magistrado o funcionario sujeto a juicio político o juicio por destitución, el fiscal de turno comunicará inmediatamente la denuncia al Fiscal Regional, quien ejercerá personalmente la dirección de la investigación”.
En este sentido, el CP prevé que el Fiscal Regional -en este caso, Blanno-, será “quien formulará la acusación o requerimiento de sobreseimiento, actuará en juicio y podrá formular impugnaciones ante los tribunales correspondientes, cualquiera sea su instancia”. Además, aclara que “en ningún caso podrán delegar esta función en un fiscal que cumpla funciones en el ámbito de la fiscalía regional a su cargo”.
También está previsto que, en caso de apartamiento o vacancia, los encargados de atender este tipo de denuncias “sólo podrán ser reemplazados por otro Fiscal Regional designado, al efecto, por el Ministro Fiscal”.
En caso de que el fiscal Blanno decida avanzar en la instrucción de la causa, “deberá informar a un juez y éste autorizarlo a realizar una investigación sumaria y no podrá durar más de dos meses, bajo pena de caducidad”.
El CP establece que, en caso de que el fiscal encuentre elementos para el juzgamiento, deberá formalizar una imputación y procederse a la detención o mantenerla. También señala que “el Fiscal Regional requerirá fundadamente al juez competente que solicite el desafuero o destitución, ante la Legislatura, acompañando copia de las actuaciones respectivas y expresando las razones que lo justifiquen”. Esta última resolución, según el CP, “podrá ser apelable” por el denunciado.
