Esta vez con la actuación del Fiscal Federal, Antonio Gustavo Gómez quien recientemente emitió un dictamen brindando un contundente respaldo al accionar del diputado Cisneros, quien había apelado la decisión Guillermo Díaz Martinez, el Juez Federal que decidió remitir el amparo a Mendoza argumentando que en la justicia cuyana se encontraba en tratamiento una causa similar.
El Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, se expidió argumentando que el juzgado de Tucumán fue el primero en intervenir, y basándose en el orden de “prelación temporal” debería ser el competente para entender en la causa. En ese sentido el Fiscal Gómez solicitó que se revoque la decisión del juez de primera instancia, se declare la competencia del Juzgado Federal de Tucumán N° 1 y se ordene la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos.
No obstante, podría considerarse que lo más importante del pronunciamiento del fiscal Gómez tiene que ver con su solicitud expresa de pedir que se haga lugar a la medida cautelar que el diputado Cisneros, como miembro de la comisión directiva de la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario (Redecu), junto con la Secretaria General de la Asociación Bancaria Seccional Tucumán, Cecilia Sánchez Blas, y la abogada Patricia Neme, solicitaron el pasado 14 de diciembre buscando garantizar la continuidad del acceso a los medicamentos para los Jubilados tucumanos.
Gómez también destacó la urgencia del caso remarcando que “se encuentra comprometido el derecho a la salud de personas mayores”, invocando la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, como respaldo a la necesidad de una resolución favorable.
Cabe recordar que el recurso de amparo interpuesto por el diputado y referente gremial bancario, se originó como respuesta a las las medidas de “readecuación” y las resoluciones N° 2431/2024 y N° 2537/2024 del PAMI, las cuales restringieron de manera inmediata el acceso y la cobertura de medicamentos para los jubilados afiliados. El tratamiento del amparo fue reconocido como “asunto de feria judicial” y luego el juez federal Guillermo Díaz Martínez decidió remitir el caso a Mendoza, argumentando la existencia de un proceso similar allí. La decisión del juez Diaz Martinez, no solo fue apelada por Cisneros sino que también le valieron críticas por parte del diputado. Las mismas no se centraron solo en la discusión en torno a la competencia del tratamiento del amparo, sino también en la falta de celeridad y a la presunta condescendencia con el poder político, cuestionando si el juez comprendía las urgencias de los jubilados.
Ahora, será la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán la que deberá resolver y definir sobre la competencia del caso y la procedencia de la medida cautelar solicitada por el diputado Cisneros y avalada por el Fiscal Gómez.
