El FMI admitió que deberá revisar la estimación del 48% de inflación para la Argentina en 2022

El Fondo Monetario Internacional admitió que deberá revisar la proyección de inflación de 48% como tope que había establecido en el programa económico acordado con el Gobierno argentino, ante las perspectivas de una suba de precios anual mucho más alta. Las conversaciones entre el staff del organismo y los funcionarios continuarán dentro de dos semanas, cuando tenga lugar la primera revisión trimestral de metas fiscales, de emisión monetaria y de acumulación de reservas.

Según explicó el director del Departamento del Hemisferio Occidental Ilan Goldfajn, el FMI no ve espacio para modificar los objetivos “exigibles” del programa, es decir el recorte del déficit primario, la monetización del rojo fiscal y el acopio de divisas en el Banco Central. “El programa tiene supuestos y tiene objetivos. La inflación es un supuesto y los supuestos pueden cambiar por los nuevos shocks de la economía global”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa virtual este martes.

Al mismo tiempo, Goldfajn descartó de plano que haya posibilidades de rediseñar los objetivos macroeconómicos del programa, que ayer cumplió recién un mes de vigencia. “Buscamos priorizar medidas para asegurar que los objetivos del programa sean alcanzados. (Las metas) no van a cambiar, vamos a dar apoyo (al Gobierno) para priorizar para cumplir los objetivos del programa”, insistió el funcionario, uno de los que encabezó la negociación técnica con el ministro de Economía Martín Guzmán.

“Buscamos priorizar medidas para asegurar que los objetivos del programa sean alcanzados. (Las metas) no van a cambiar, vamos a dar apoyo (al Gobierno) para priorizar para cumplir los objetivos del programa” (Goldfajn).

Goldfajn reiteró las palabras de la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva durante la reunión de primavera del organismo y el Banco Mundial en Washington la semana pasada y dijo que la prioridad para el programa argentino es “la implementación”. El director del Departamento del Hemisferio Occidental abrió la puerta para cierta flexibilidad por parte de los técnicos del organismo ante las revisiones que se vienen.

“Hubo negociaciones con los funcionarios, esto continua y esperamos terminar la revisión en mayo. Como el resto de los países, Argentina fue afectado por el shock global”, mencionó y dijo en otro tramo de la conferencia que “en las revisiones vamos a analizar todo. Está todo en consideración”, dijo, consultado sobre si harán una reconsideración de la estimación de inflación anual para este año, que estaba en un rango de entre 38 y 48% según la letra chica del programa. “Es normal, el objetivo es la implementación y encontrar medidas para asegurar que los objetivos se alcancen”, concedió.

El funcionario evitó pronunciarse sobre el cumplimiento de las metas trimestrales al 31 de marzo, que serán los primeros objetivos de política macroeconómica que serán puestos sobre la mesa en las reuniones de mayo. De esa evaluación saldrá, si hay luz verde, la aprobación de un nuevo desembolso desde Washington, en este caso por una suma mayor a los USD 4.100 millones para afrontar pagos al propio organismo durante los próximos meses.

El Gobierno asegura haber alcanzado las tres metas centrales exigibles por parte del Fondo Monetario. Por un lado, los datos oficiales fiscales hasta fines de marzo muestran que el sector público sobrecumplió por poco menos de $30.000 millones el objetivo trimestral de déficit primario. El dato, de todas formas, es discutido por analistas privados. Tal como reflejó Infobae, la contabilidad que hizo la Secretaría de Hacienda para sobrecumplir la meta incluyó un incremento superior al 1.700% en una partida llamada “rentas de la propiedad”, que son ingresos extra que se anotó el fisco por la diferencia técnica en el precio nominal y el precio efectivo de los bonos atados a la inflación que emitió Finanzas.

Como método fue cuestionado por consultoras y economistas, ya que consideran que ese tipo de ingresos no estarían contemplados en el memorando técnico que acordaron el Gobierno y el Fondo Monetario. Por un lado, el memorando técnico habla de “que los ingresos se registran sobre base caja e incluyen los ingresos tributarios, las rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes y los ingresos de capital”, por lo que esas rentas de la propiedad deberían contabilizarse.

“El programa tiene supuestos y tiene objetivos. La inflación es un supuesto y los supuestos pueden cambiar por los nuevos shocks de la economía global” (Goldfajn).

Pero por otro, menciona que “los ingresos excluyen todo tipo de transferencia financiera procedente del banco central (incluidos utilidades y adelantos transitorios), el ingreso en concepto de intereses generado por la tenencia de valores y obligaciones de deuda dentro del sector público, el producto de la venta de activos financieros, y los derechos especiales de giro (DEG) asignados por el FMI o recibidos bilateralmente de otros miembros del FMI”, consideró. Para la consultora Equilibra, esa mención del “producto de la venta de activos financieros” podría leerse como una prohibición a que esa diferencia técnica en el valor de los bonos sea tomado en cuenta como un ingreso “válido” para el FMI.

“En el memorando del acuerdo con el FMI se establece que el producto de la venta resta saber si el Fondo avalará la contabilización de estas rentas como ingresos, o si otorgará un waiver para poder cumplir con la meta fiscal. En cualquier caso, no creemos que el Fondo dé por incumplida esta meta, aunque sí podría haber un llamado de atención hacia adelante”, explicó la consultora en un informe reciente.

Goldfajn, consultado sobre esta particularidad en el cumplimiento de la meta fiscal, evitó pronunciarse específicamente sobre si el Gobierno consiguió alcanzar el objetivo previsto para el primer trimestre.

Shock global en la región: riesgo pero también oportunidad

En un informe regional dado a conocer este martes, el FMI reiteró su proyección de crecimiento de la economía argentina en torno de 4%, en línea con lo que estimó en el programa económico acordado con el Gobierno nacional. En un informe sobre la economía regional, el organismo advirtió sobre el fuerte impacto de la inflación global en las economías latinoamericanas, cómo los estados deberían afrontar esa crisis y alertó sobre posibles “dificultades financieras” en esta parte del mundo como consecuencia de la guerra en Ucrania.

“Ante este desafío, las autoridades están adoptando políticas monetarias más restrictivas e implementando medidas para amortiguar el golpe sobre los más vulnerables y contener los riesgos de tensión social. Pero se avecinan otros riesgos. Una posible escalada de la guerra podría llegar a provocar dificultades financieras a escala mundial y una contracción de las condiciones financieras en la región”, apuntó el reporte regional.

En ese plano, el FMI planteó escenario distintos de acuerdo a cada país, respecto a cómo actuar ante la escalada de precios. “Para garantizar la cohesión social y reducir el riesgo de tensión social, los gobiernos deberían proporcionar apoyo focalizado y temporal a los hogares vulnerables y de bajo ingreso, y dejar que los precios internos se ajusten en función de los precios internacionales”, propuso el Departamento del Hemisferio Occidental.

“Algunos países exportadores van a tener un shock positivo. Algunos países de la región pueden posicionarse como una solución para la inseguridad alimentaria y para proveer alimentos al mundo, aumentando la producción” (Goldfajn).

“Esto ayudaría a los grupos vulnerables y contendría los costos fiscales, además de incentivar la producción y moderar el consumo. En los países con redes de protección social desarrolladas, podría ampliarse su acceso para incluir de forma temporal a grupos más amplios de la población”, continuó.

Ahora bien, para países “donde no existen redes de protección desarrolladas, los gobiernos podrían poner en marcha mecanismos temporales para suavizar el traslado de la subida de los precios internacionales a los precios internos”, sin especificar qué tipo de medidas podrían ser. De todas formas, advirtió que podrían “tener un costo fiscal significativo y distorsionar los incentivos de precios para consumidores y productores”.

Durante su conferencia de prensa, Goldfajn planteó que la crisis global y el incremento de precios internacionales de alimentos y de energía podría suponer, de todas formas, una oportunidad para algunos países. “Algunos países exportadores van a tener un shock positivo. Algunos países de la región pueden posicionarse como una solución para la inseguridad alimentaria y para proveer alimentos al mundo, aumentando la producción”, dijo el economista brasileño.