El Gobierno de Javier Milei puso la mira sobre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una millonaria caja que estaba en manos de Fernanda Miño, dirigente que respondía a Juan Grabois.
El FISU se financiaba con el 9% de lo recaudado por el Impuesto PAIS y con el 15% de lo que se acumulaba con el Impuesto a la Riqueza, un impuesto impulsado por Máximo Kirchner que consistía en cobrarle entre un 2% y 3,5% a quienes tuvieran un patrimonio superior a los $200 millones. El objetivo del programa era urbanizar distintos barrios populares de todo el país.
Uno de los proyectos que audita por estas horas la Subsecretaría de Integración Socio Urbana es el del barrio La Rubita, en Chaco, donde el propio Alberto Fernández había prometido urbanizarlo por completo, pero entregó menos del 10% de las casas.
Los números son contundentes. De las 165 viviendas que se prometieron, se terminaron 15. En cuanto a las 150 restantes, buena parte se entregaron sin techos ni puertas ni ventanas. No tienen conexiones de gas, ni luz y muchas tampoco tienen baño.
De acuerdo a los documentos internos a los que se pudo acceder, se ejecutaron más de $4300 millones para el proyecto en el barrio popular chaqueño. Esos números están bajo la lupa: a dónde fueron los fondos y por qué no se cumplió con lo prometido.
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Las obras empezaron en febrero de 2022 y debían culminarse en octubre de 2023. El proyecto contemplaba diversas etapas, desde obras de cloacas, pavimento y desagües pluviales, hasta las propias casas construidas en un 100%.
Sin embargo, la mayoría de las obras quedaron inconclusas. El caso más alarmente es el de las viviendas, que se entregaron apenas 15 de las 165 que se habían prometido. El resto no es más que esqueletos de ladrillos o solo lotes de tierra.
En el medio del proceso, la provincia de Chaco envió $627 millones más a diversas cooperativas para que el proyecto pudiera concretarse, pero las casas siguen sin aparecer y a algunas directamente es falta todo.
Esta situación motivó una denuncia penal de un grupo de diputados provinciales, los que señalan que pese a que la provincia ejecutó más de $4100 millones enviados por el Fondo de Integración Socio Urbana. Señalan que la plata que se gastó es mucho mayor a los montos estipulados inicialmente en el proyecto y piden investigar a exfuncionarios por posibles irregularidades en la utilización de los fondos.
De acuerdo a la denuncia, el presupuesto total era de 605 millones, por lo que pese a enviarse más del total, solo se culminó el 11% de lo prometido. Solo las unidades debían estar listas en junio de 2023.
Ahora, es el propio Gobierno Nacional que investiga al fondo que en su momento era manejado por Fernanda Miño, la militante de Juan Grabois que, a su vez, era dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
